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Para John Guadalupe, encargado de la protección de las instalaciones, el nivel de riesgo es mínimo. Su experiencia en la implementación del código es amplia, ya que participó en todo ese proceso cuando laboraba en Autoridad Portuaria de Guayaquil y luego en la recalificación a la que se debió someter cuando pasó a manos del concesionario Contecón.

No obstante, tiene claro que desde que se convirtió en una exigencia el PBIP mejoraron las condiciones de seguridad en todas las terminales del país. “Para los responsables de un puerto marítimo o fluvial lo más importante es evaluar los posibles riesgos”, sostuvo. Añadió que cada año cambian las amenazas y por ello hay un plan para actualizar y tomar medidas en función de eso. “Todos los puertos hacemos lo mismo. Unos debemos considerar más aspectos y otros menos”, reveló.

Guadalupe recordó que el Decreto Presidencial 1.111 es el que dispuso la implementación del código como una política de Estado. “Tras eso apareció una resolución en la que se indicó que era obligatorio para todos los puertos públicos y privados, para las plataformas mar adentro y para los buques que arriben al país”.

Actualmente es la Secretaría de Protección Marítima (Seprom) la encargada de velar y auditar a todas las terminales marítimas y fluviales autorizadas por la Dirección de Espacios Acuáticos para que cumplan con la certificación. A más del PBIP existe otra, la BASC, que es emitida por una organización no gubernamental anticontrabando. E

sta última también demanda una serie de medidas de protección y de seguridad en todos los niveles de gestión de los operadores del comercio ecuatoriano. Permanentemente evalúa las prácticas de cada empresa y, en caso de incumplimientos, se podría perder la certificación.

fuente Diario El Telegrafo

El documento aún se pule entre los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y   de Medio Ambiente.
Según la norma, los hacendados del sector rural  debían pagar el uno por mil  por cada hectárea que sobrepasara el límite de las 25 hectáreas. Dirigentes de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos y de la Federación Nacional de Ganaderos coinciden en que los recursos destinados para pagar la obligación tributaria se podrían utilizar en mejorar la infraestructura de sus fincas o aumentar la producción de sus animales.

Enrique Baquerizo, gerente del gremio de la Costa, manifestó que cuando se elaboró el cuerpo legal no se hizo una diferenciación entre lo que son tierras productivas y las no productivas. “Quienes somos productores, en nuestro caso de lácteos y de cárnicos deberíamos estar exentos del pago de ese impuesto y aquellos dueños de tierras que no están siendo trabajadas son los que sí deberían cancelar”, sentenció.

Agregó que preferirían invertir el dinero de los tributos en dotar de vitaminas, minerales y cuidados sanitarios de sus animales.

Además, explicó que es difícil determinar cuántas propiedades del país tienen 25 hectáreas y son ganaderas, ya que no hay un catastro en ese sentido.

“Puede haber una familia en el campo que tenga una finca de ese tamaño y apenas dos vacas con las cuales subsisten para el día. A ellos  no se los puede considerar como ganaderos”, puntualizó.

José Zambrano, titular de la federación que agrupa a unas 22 asociaciones nacionales, indicó que han solicitado a las autoridades una reunión para exponer sus puntos de vista sobre el reglamento.

“Este tema se lo tiene que analizar con la gente del campo. Los que estamos metidos en las haciendas”, remarcó. El dirigente planteó que en retribución a una eventual exoneración de impuestos, en la reglamentación se puede incluir una norma que obligue a los hacendados a sembrar árboles en el 10% de sus terrenos. “El Presidente dijo que la reforestación era una alternativa para nosotros”, subrayó.

Asimismo, Zambrano estimó que con el dinero que van a pagar al Servicio de Rentas Internas (SRI) podrían tecnificar sus instalaciones. En   Ecuador hay 14 millones de hectáreas de tierras en el sector rural, de las cuales solo 4 millones son cultivadas.

Este Gobierno,   expresó el ex ministro de Agricultura Ramón Espinel, tiene planificado expropiar 2,5 millones de hectáreas para entregarlas a cientos de familias que las quieren trabajar.

Mientras tanto, 177    familias  se beneficiaron con la adjudicación de 583,89 hectáreas del predio Leopoldina, ubicado en el cantón Colimes, provincia del Guayas.

La entrega de los títulos de propiedad la realizó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria y su Proyecto Plan Tierras.

Los beneficiarios son ciudadanos de la Asociación Montubia de Agricultores de Colimes (Asomac), la Asociación de Agricultores Arroceros, Cacaoteros y Plataneros “Primero de Junio” y la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agrícolas Autónomos “La Lagartera”.

El valor de esta  adjudicación es $ 531.184,90 por la compra de la tierra y el monto del crédito productivo es   $ 700.492,85, el que fue otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF).

fuente Diario El Telegrafo

Además, se registra  un incremento de 39,1%, con relación al mismo periodo de  2011. En ese año fueron de  6.7 millones de barriles, informó la Gerencia de Comercio Internacional.

En enero de 2012, las exportaciones de crudo de la empresa pública significaron ingresos para el Estado ecuatoriano por USD 1.225.350 millones. Este monto  fue superior en un 67,48% frente a los USD 731.6 millones que se generaron en el mismo mes del 2011.

Del volumen total de ventas durante el periodo  7.606.546 barriles correspondieron a crudo Oriente y  4.679.369  barriles a crudo Napo. Los  precios promedios ponderados de venta registrados en  enero de 2012, para el barril de crudo Oriente fueron de USD 101 y 36. En cambio para el crudo Napo es de USD 97,096.

fuente Diario El Telegrafo

El evento internacional organizado por “Jubileo 2000 Red Ecuador” se inició el lunes y concluye hoy en  el hotel Tambo Real.

El historiador y politólogo belga Eric Toussaint, presidente del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cadtm), reconoció los esfuerzos realizados por el Ecuador al haber realizado una auditoría integral de su deuda externa en el momento que le pareció oportuno, por lo  cual “habría podido recibir represalias financieras”.

Comentó que Europa se encuentra en la misma situación de América Latina entre los 80 y 90, cuando se aplicaban medidas de ajuste para reembolsar la deuda, y eso va a tener el mismo efecto en los dos continentes, es decir, recesión económica y pérdida de soberanía nacional, entre otras consecuencias.

“El poder de compra en varios países europeos bajó en un 40%. Decenas de niños van a la escuela sin haber desayunado y las escuelas no disponen de un plan de colación escolar”, señaló.

Por otro lado,  destacó la importancia del Banco del Sur como un instrumento para la conformación de la nueva estructura financiera de América Latina, que permita respaldar las economías de la región.

Juan Carlos Núñez, de Jubileo  Bolivia, lamentó que los pueblos de la región sean los que paguen las consecuencias de los grandes monopolios, por lo que advirtió que la integración de los pueblos latinoamericanos es urgente.

“Tenemos que definir acciones conjuntas, no podemos ir aislados, las organizaciones sociales debemos  avanzar con nuestros gobiernos y trabajar en los procesos de integración”, insistió.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, destacó que el Ecuador es el único país del mundo en haber realizado una auditoría a su propia deuda externa. “Nos atrevimos a hacerla, a pesar de todas las presiones internacionales; realizamos una recompra valiente, inteligente, realista, en la mejor situación fiscal posible”, dijo; además, lamentó que otros países lo hayan hecho  cuando ya estaban en el piso y sin ninguna alternativa.

Entre las coincidencias de los ponentes consta que las naciones sudamericanas pierden centenas de millones de dólares al recibir bajos rendimientos por las reservas depositadas en países del exterior, los que a su vez prestan los mismos dólares a tasas más altas. Frente a esa situación se propone extraer esas reservas para que sean reunidas y administradas por el Banco del Sur, para financiar el desarrollo de la región.

Entre los ponentes están: Rómulo Torres, director de la Red Latinoamericana sobre Deuda; Eric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo; Juan Carlos Núñez, Jubileo Bolivia; y  Ángel Furlan, representante de la Federación Luterana Muncia.

fuente Diario El Telegrafo

Para el año  2015 está previsto que entre a operar el proyecto hidroeléctrico de Delsitanisagua, ubicado en el cantón Zamora (Oriente). La inversión total asciende a $ 216 millones y se aprovechará el potencial energético del río Zamora para producir una energía media de 904 GWh al año.

Ecuador es productor deficitario de electricidad, por eso se determinó la construcción de 8 hidroeléctricas con una inversión de $ 4.983 millones, que duplicarán la capacidad energética del país cuando comiencen a funcionar en 2016.

Entre los principales beneficios que tiene el proyecto Delsitanisagua destacan el reemplazo de la generación térmica, la reducción de las emisiones de CO2 en aproximadamente 502 mil toneladas y la disminución en importaciones de energía eléctrica.

El nuevo proyecto tiene una capacidad de 115 MW para satisfacer la demanda energética de esa zona oriental del país.

El proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua está ubicado a 20 kilómetros al este de la ciudad de Loja. La empresa encargada de la obra es Hidrochina, la cual recibió un desembolso de $ 195 millones  en el contrato firmado en octubre de 2011.

fuente Diario El Telegrafo

Willians Saud Reich, de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (Dinardap), explicó el nuevo   proceso para la mejoría del sistema mercantil en el Ecuador. Saud mencionó el adelanto en el sistema  de registro de las empresas que comienzan su actividad comercial en el país.

Mediante  un trabajo conjunto entre  la  Superintendencia de Compañías y  la Dirección de Datos Públicos, como  parte del proyecto del buen vivir,  se establecerá un   proceso de constitución y   creación de compañías en línea, es decir,  en tiempo real se podrá  constituir una compañía,  sin llevar a cabo los procesos anteriores, de acudir a cada instancia y realizar el papeleo.  Con el nuevo método, en tan solo    6 horas el usuario podrá crear  una empresa, antes podía demorarse de tres semanas a tres meses.

El funcionario aclaró que, para evitar la creación de  empresas fantasmas, existen ciertas características y formatos que eliminarán   la duplicidad de compañías, dejando de lado los homónimos y  registros de doble cédula en el sistema nacional,  esto se hará mediante un   cruce de datos.

Dentro del proceso  trabaja la Superintendencia de Bancos y la Unidad de  Delitos Financieros, así como también la  Secretaría de Transparencia.

Estas instituciones garantizarán los procesos y  perfeccionarán el control en las entidades. Cualquier tipo de empresa se podrá  constituir siguiendo   los pasos previos a través de la página de la  Superintendencia de Compañías, que regula los  formatos. La reserva del nombre, el  depósito monetario, incluso el registro mercantil, serán  pagados desde el inicio. Este nuevo proceso, dijo Saud, se llevará a cabo en los próximos seis meses. De la misma  manera, indicó que se trabajará con notarías para  la compraventa e inscripción sobre actos de bienes inmuebles, para evitar contratiempos. Además, recalcó que todos los procesos del sistema nacional  se controlan en un 99%.

La dirección ya creó la primera base de información  entre el Registro Mercantil,  el Registro de la Propiedad, Policía Nacional y Registro Civil, así se generó la primera ficha ciudadana en el sistema nacional de datos públicos, a la que todos pueden acceder.

El director de la Dinardap manifestó que existen dos inversiones que suman alrededor de 10 millones de dólares, lo que incluye cualquier interacción con empresas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), relaciones laborales, etc. También manifestó que operarán 240 organismos públicos para servir a 14 millones de ecuatorianos. Los trabajos  empezaron hace una semana y el lanzamiento será oficialmente el 7 de marzo.

fuente Diario El Telegrafo

La reunión se llevó a cabo el miércoles en un complejo deportivo de la vía Durán-Tambo.

El Ing. Francisco Almeida, funcionario de la Secretaría Técnica del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad,  explicó a los asistentes los mecanismos establecidos para la compra del paquete accionario de Ecudos y aclaró algunas dudas.

Resaltó que los empleados deben trabajar juntos en “un solo frente” para que el proceso de venta de los títulos concluya de manera positiva. “A mayor cantidad de compañeros inscritos en el proceso de compra, mayor porcentaje de acciones van a poder adquirir”, indicó.

Durante la exposición se manifestó que la compra de las acciones es voluntaria. “Cada trabajador debe analizar si desea realizar esta inversión a largo plazo, que se hará en conjunto con la Corporación Financiera Nacional. 

Anteriormente se han llevado a cabo dos capacitaciones a empleados en agosto y septiembre de 2011”, dijo.

Manuel Riera, capataz de la azucarera, afirmó estar satisfecho con esta opción de ahorro que brinda el Gobierno a través de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD-CFN.

fuente Diario El Telegrafo

Además, empezó juicios de quiebra a cincuenta empresas que tenían deudas con instituciones financieras cerradas, como el Banco del Progreso, Solbanco, Banco de Préstamos y Financorp.

Asimismo, instauró medio centenar de juicios de insolvencia contra varias personas en varios juzgados civiles por cuantías indeterminadas.

El organismo adopta esta medida debido a las deudas que mantienen adjudicatarios de bienes inmuebles subastados y que no han cancelado la totalidad de valores de los mismos, tras vencer los plazos correspondientes.

En otros casos, el sábado culminó el tiempo en que debían acercarse a pagar los valores que adeudan empresas y ciudadanos.

El BCE extendió notificaciones a los clientes de entidades bancarias que entraron en liquidación forzosa y que  mantenían deudas con ellas, a pesar de los juicios de excepción que presentaron al ex instituto emisor, pues esos recursos se encuentran archivados.

La liquidación fue actualizada y ahora se iniciaron procesos coactivos a los deudores. El Banco busca recuperar esos valores, cuyo destino regular es el pago a clientes de la banca cerrada.

fuente Diario El Telegrafo