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Cada depositante en toda institución financiera cuenta con un seguro de depósitos que garantiza hasta  30.000 dólares y a este derecho accede el cliente el mismo instante en que abre una cuenta en entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Según datos de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede) son 81 las instituciones financieras que están amparadas bajo el Seguro. A inicios de octubre de 2009 comenzó con $ 186 millones 487 mil y para agosto del 2012  alcanzó $ 567 millones 438 mil.

El monto máximo de cobertura del seguro es de $ 30.000 por persona e institución financiera. Al momento se contempla que son 9’700.000 depositantes.

La cobertura del seguro de depósitos es del 99% para los depositantes del sistema financiero privado que tienen saldos menores o iguales a los 30 mil dólares. Solo el 1% de los depositantes tiene  cobertura parcial.

Miguel Ruiz, presidente del directorio de Cosede, informó que el Fondo del Seguro de Depósitos se encuentra constituido por: aporte inicial del Fondo Especial de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), de las instituciones del sistema financiero, rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo del Seguro de Depósitos y donaciones.

Además del aporte proveniente de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades, ingresos de derivados del pago de multas por incumplimientos del régimen del seguro de depósitos; y,  depósitos que no hubieren sido reclamados y que permanecieren inmovilizados por más diez (10) años.

Los tipos de seguros que están cubiertos corresponden a: depósitos monetarios, intereses de depósitos, ejecución presupuestaria, depósitos de instituciones de encaje, cheques certificados, depósitos de ahorro y fondos de tarjetahabientes.

En términos comparativos el Fondo equivale al 71.35% del patrimonio contable de la mayor institución financiera del país. Al 105% del patrimonio contable de total de cooperativas, el 1139% de mutualistas; y 502% de administradoras.

fuente Diario El Telegrafo

Durante una reunión de trabajo, realizada la anterior semana, Yasunobu Ono, gerente general de la compañía, explicó a la subsecretaria de Industrias, Silvana Peñaherrera, los alcances de este proyecto siderúrgico en los sectores industriales  petroquímico, químico, textiles, etc.

El representante nipón mencionó la posibilidad de que el Japan Bank For International Cooperation (JIBC) pueda financiar una planta siderúrgica en su totalidad. “La compañía  ha participado en la construcción de varias plantas con alta experiencia y alta tecnología”, comentó.

La funcionaria consideró que es  fundamental y estratégica implementar una industria siderúrgica en Ecuador. “Este proyecto contribuiría a fomentar y diversificar la producción nacional. Se tienen indicios de que el país necesita productos planos altamente requeridos por los sectores petrolero, automotriz y de la construcción”, expresó Peñaherrera.

fuente Diario El Telegrafo

Con la aprobación del Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, la Junta Bancaria sería la encargada de establecer el monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control.

Actualmente el organismo está conformado por el superitendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines; la gerente general del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui; los representantes del Presidente de la República: Vicente Franco y Andrés Martínez; y la economista Melania Mora Witt, quien fue nombrada por los otros cuatro integrantes, pero durante la administración de la ex superintendenta Gloria Sabando.

Entre las funciones de la Junta Bancaria está el “formular la política de control y supervisión del sistema financiero, aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de la remoción de sus administradores”. También podrán “solicitar al Superintendente de Bancos y Seguros la expedición de una resolución que fuere necesaria”.

El sábado pasado el presidente Rafael Correa denunció que  hay banqueros que ganan   900 mil  dólares anuales (es decir $ 70 mil al mes o 2.000 dólares al día), a lo que calificó como “una forma de hacerles trampa a los trabajadores.

Con los sueldos exageradísimos de ciertos ejecutivos de la banca se perjudica las utilidades, se perjudica al Estado porque pagan menos impuestos y se perjudica a sus trabajadores porque participan menos en la distribución de las utilidades”.

La observación surge a partir de un análisis de las utilidades que percibe la banca, que en los últimos seis años llegó a los 1.644 millones de dólares netos. En ese debate, los empleados de la banca prefieren no pronunciarse públicamente por temor a represalias, mientras que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que cobija a 17 de las 26 instituciones financieras que operan en el país, aún prepara un pronunciamiento oficial  sobre el tema.

Una colaboradora de Banco Pichincha comentó que para formar parte de la institución es necesario superar un proceso de capacitación durante un mes -que no tiene remuneración- de acuerdo al área  de desempeño. A partir del segundo mes recibió el salario básico estipulado por la institución que bordea los 450 dólares mensuales hasta que logró ascender. Actualmente sus ingresos alcanzan los 900 dólares.

Y frente a la reforma planteada por el Ejecutivo, la funcionaria asegura que existe preocupación entre sus compañeros porque se habla de una reducción de sus utilidades y del riesgo a perder sus empleos.

Una de sus compañeras confirmó que actualmente percibe un sueldo mensual de 450 dólares más un bono de 100 dólares por alimentación, y como beneficio adicional tiene seguro médico privado, uniformes y guardería para su hija. No obstante, según las cifras reveladas el sábado por el Primer Mandatario, un alto ejecutivo de la entidad percibe un ingreso mensual aproximado de 37.000 dólares.

IVA no se cobrará a usuarios

Otra de las reformas planteadas por el proyecto de ley es gravar con el 12% del IVA a los servicios financieros, valor  que estará incluido en el costo de cada operación y no constituirá  un recargo para el usuario. Cabe anotar que es la Junta Bancaria y no cada entidad la que los fija. La última resolución fue emitida el 1 de octubre pasado y reguló 17 servicios hasta fines de este año.

Es así que el retiro de efectivo de un cajero automático cuesta 50 centavos, de los cuales el banco recibiría 44 centavos por gastos operativos y el Estado 6. La impresión de la consulta de saldo en el cajero automático cuesta 35 centavos, de los cuales 30 irían a la entidad bancaria y 5 al Estado. La emisión de un cheque tiene un costo máximo de 30 centavos, de los cuales 26 quedarían en el banco y 4 irían al Estado.

El tema salarial para los ejecutivos de la banca y la aplicación del IVA a los servicios financieros son dos de los cinco aspectos que incluye  el proyecto de reformas, con lo cual el Estado estima recaudar 164 millones de dólares para financiar el 54% del incremento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares. Para ello se requieren 300 millones de dólares, por lo que el resto lo financiará el Estado mediante una reprogramación fiscal.

fuente Diario El Telegrafo

Carrasco también dijo que la confidencialidad de las cuentas de los depositantes se mantendrá en reserva y será responsabilidad de la institución tributaria. “Vamos a buscar ingresos reales de los contribuyentes. Naturalmente lo que ocurre es que la confidencialidad de dicha información le corresponde al banco en un primer momento y una vez que nos entregan a nosotros la información, es responsabilidad nuestra y no pública”.

Añadió que en el país existen 8’812.822 cuentas, según la Súper de Bancos; no se pedirán los detalles de todas las cuentas, sino de las que suscitan o representan un riesgo.

Con las reformas, dijo el director del SRI, la banca estará obligada a “darles información, porque nadie tiene que ocultar y de qué preocuparse”.

fuente Diario El Telegrafo

Para estimación del monto aprobado, la entidad financiera tomará en cuenta hasta el 40% de la pensión por los años plazo (máximo 5 años) a los que desee realizar el crédito quirografario. Actualmente existen 15.367 jubilados por discapacidad y 330.507 beneficiarios de Montepío.

fuente  Diario El Telegrafo

“En las calles de Marcella (España) me enteré de que había cerrado El Progreso y luego La Previsora, absorbido por Filanbanco, que también quebró. En ambos bancos tenía ahorros. Hace apenas dos años decidí regresar al país y no  sabía cómo cobrar mi dinero, hasta que escuché, en la mañana, en radio Cristal, que solo con la cédula podía cobrar mis acreencias. Y aquí estoy”.

Así se expresó doña Mercedaria Nacipucha, sexagenaria, quien llegó acompañada de su nieto a las oficinas de la sucursal mayor del Banco Central en Guayaquil con la finalidad de  cobrar lo que había depositado en las mencionadas instituciones. “Esa platita la tenía en sucres y realmente no sé cuánto es el monto ahora. Fue hace tanto  tiempo”, dijo la acreedora de la banca cerrada, mientras empuñaba su cédula y abrazaba a su sobrino.

Desde ayer el Banco Central del Ecuador como cesionario de los activos de las instituciones financieras liquidadas y al haber obtenido recursos de la liquidación, a través de la gestión de recuperación, decidió cancelar en 9 instituciones financieras a los acreedores de los siguientes bancos: Filanbanco, Progreso, Crédito, Banco Mercantil Unido, Intermil, Unifan, Valorfinsa, Finiber y Coop. 8 de Septiembre.

El proceso de pago se inició ayer y se extenderá en orden alfabético hasta el 27 de noviembre. Quienes tengan acreencias en las 9 instituciones financieras mencionadas que están en liquidación forzosa deberán acudir con su cédula a las oficinas del banco del Pacífico a nivel nacional o a las dependencias del Banco Central del Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

La lista proporcionada por el Banco Central es de 82.815 acreencias. Sin embargo, en el primer día, hasta las 12:00, apenas una persona había acudido a la ventanilla del Central en Guayaquil.

El valor a devolver es de 12’883.511 dólares, señaló un comunicado del ex órgano emisor, tras reiterar que  este procedimiento permite cumplir con los ecuatorianos que fueron perjudicados en el salvataje bancario, honrando el pago de los valores que les fueron retenidos contra su voluntad.

El acreedor deberá verificar en la página Web del Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec «Pago acreedores banca cerrada», la institución a la cual deberá acercarse al cobro. La página virtual tiene dos archivos: uno con información de los acreedores que deberán efectivizar su cobro en las ventanillas del Banco del Pacífico; y otro archivo con la información de los acreedores habilitados para el cobro directamente en el Banco Central.

En el caso de la Cooperativa 8 de Septiembre, quienes figuren en el listado del cronograma de pagos deberán concurrir al Banco Central para efectivizar el cobro de sus acreencias.

El anuncio del pago motivó que personas de otros bancos que no constan, por el momento, en el listado presentado acudan a verificar la fecha de cuándo cancelarán su acreencia. John Sarmiento acudió a las oficinas que el Banco Central mantiene en el edifico del ex banco La Previsora. A él le deben 250 mil sucres del banco de Los Andes. “Sé que a la fecha es poco y serán unos 10 dólares, pero en el tiempo que me retuvieron mi dinero era casi la mitad de un sueldo básico”.

El Banco del Pacífico realizó ayer el pago a 5 acreedores de cuatro provincias del país. Cuatro acreedores tenían relación con el antiguo banco Filanbanco y uno del Progreso. La entidad financiera en total entregó 10.008, 26 dólares a dos acreedores en Quito, uno en Guayaquil,  Cuenca y en el cantón Libertad (Santa Elena).

María Eugenia Mantilla, relacionista pública de la entidad, señaló que Banco del Pacífico pagará hasta el próximo 27 de noviembre unas 31.247 acreencias que dan un total de 12’388.574 dólares.

Fuente  Diario El Telegrafo

Los depósitos captados por la banca en 2011   fueron los más altos de los cinco últimos años: el montó alcanzó los $ 18.985,1 millones; mientras que las seis instituciones financieras más grandes del país registraron 8’812.822 cuentas. Para el economista Marco Tafur, el hecho de una posible inestabilidad en los bancos  por la aplicación del proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social es imposible, puesto que la liquidez de los  entes financieros  está garantizada con los depósitos de los usuarios del sistema bancario.

Tafur añade que la muestra del crecimiento de la banca fueron los resultados expuestos por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos  que, en   el 2011, en cifras se  presentó  como el más lucrativo de la historia. En dicho año  los activos totales de los 14 grupos financieros (12 liderados por entidades bancarias)   sumaron $ 26.297 millones, de los cuales se estima que el 90% corresponde a los activos de los bancos matrices. El patrimonio llegó a $ 2.017  millones; de este monto, el 89% fue por participación de la banca.

El experto cree que 2012 no es la excepción del crecimiento, si se toma en cuenta que parte de  la liquidez está en los depósitos que se realizan, incluso, desde el Estado para el pago de  remuneraciones del sector público, pago de pensiones, jubilaciones, préstamos quirografarios e  hipotecarios.

En los últimos cinco años,  las políticas económicas del Gobierno de inversión y producción permitieron -según un estudio de los grupos financieros del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central-  que los activos de los grupos financieros crecieran, en promedio, en un  96,92% al pasar de $ 9,4 mil  millones a $ 18,5 mil millones; el patrimonio creció en 116%; los depósitos a la vista 121%; la cartera en 123%; inversiones en 81%; y las utilidades en el 144% al pasar de $ 118 millones a $ 289 millones promedio anuales.

Garantía del depósito

Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, asegura que los depósitos de los ciudadanos están garantizados no sólo por los bancos, también por garantías constitucionales y financieramente. Las instituciones  tienen los recursos que los ciudadanos ahorraron, para entregarles el dinero en el momento en que lo deseen.

En el país, la Corporación de Seguro  de Depósito (Cosede) mantiene bajo la cobertura del Seguro  a todas las instituciones privadas controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del país. El usuario del sistema bancario no necesita realizar ningún trámite ni pagar  valor adicional para que sus depósitos tengan la protección.

A nivel nacional, bajo este seguro se encuentran 25 bancos, 39 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas, 11 sociedades financieras, y 2 emisoras y administradoras de tarjetas de crédito que están bajo las normativas de la Corporación.

El Fondo inició en octubre del 2009 con 186 millones 487 mil dólares. Para agosto del 2012 el fondo alcanzó 567 millones 438 mil dólares. Este  monto se capta de siete aportes realizados por el sector público y privado.

El Fondo del Seguro de Depósitos se encuentra constituido por:  aporte inicial del Fondo Especial de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), aporte de las instituciones del sistema financiero,  rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo del Seguro de Depósitos, donaciones a la CSD.

Además del  aporte proveniente de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades,  ingresos derivados del pago de multas por incumplimientos del régimen del seguro de depósitos; y  depósitos que no hubieren sido reclamados y que permanecieren inmovilizados por más de 10 años.

El pago del seguro de depósitos se hará efectivo  cuando la Junta Bancaria haya resuelto la liquidación forzosa de una institución del sistema financiero y para que los depositantes puedan recibir el pago del seguro de depósitos, el directorio de la CSD los convocará mediante anuncios en periódicos.

fuente Diario el Telegrafo

Lo importante en economía son las relaciones sociales, aquellas que se manifiestan en la búsqueda por satisfacer necesidades. El derecho por otro lado, es el que ha tenido dentro de sus fines garantizar aquello que busca la economía. Por ello, se podría decir que el objetivo en el estudio de estas dos ciencias es el comportamiento humano.

Dicha concordancia se acoge, en el concepto de ciencia económica anotado por el reconocido economista Lionel Robbins, que en 1932, en su obra “Ensayo sobre la naturaleza y significancia de la Ciencia Económica” manifiesta que la economía es “la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos susceptible de usos alternativos”.

Desde los comienzos de la economía como un conocimiento sistemático y con un objetivo definido (el bienestar social), se ha tenido la intuición de que hay un vínculo entre ésta y el derecho. Ya los economistas clásicos buscaban descubrir leyes que propiciaran la eficiencia en la sociedad.

Adam Smith, en su obra “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, vio el papel crucial de los monopolistas y de los efectos de la intervención del gobierno en los sistemas de precios y de políticas proteccionistas. Pone como ejemplo a un grupo de comerciantes que establecen un nuevo mercado y se concede un monopolio temporal; él observa que aquello se puede justificar bajo los mismos principios sobre los cuales se permite a su inventor la patente por la creación de una máquina o de un libro nuevo a su autor. Se puede verificar aquí cómo la ley se constituye en un incentivo productivo y cómo a partir de un análisis económico, ésta se ha materializado posteriormente en una ley.

En el ejemplo se muestra como las dos ciencias se relacionan y son aplicables en la actualidad en ámbitos como: el tributario, laboral, Ley de Competencia, sanción de decretos de gasto público, etc., expresiones prácticas que forman parte del estudio del derecho económico, el cual a decir de Richard Posner (referente importante en esta área), analiza los mercados explícitos, es decir, la manera con la cual la normatividad regula de forma directa a los mercados mediante la implementación de impuestos o subsidios, con el control de la competencia desleal, control de precios, tasas de interés, regulación del mercado cambiario, de capitales, etc.

Por otro lado, existe otro método de estudio de la relación entre el derecho y la economía denominado Análisis Económico del Derecho (AED), el cual toma como referencia diversas áreas del Derecho y las analiza con instrumentos y criterios de la Economía, para concluir si dicho aspecto cumple o no condiciones de eficiencia en la sociedad. Dentro de sus ámbitos está la Legislación Civil, como en el caso de sucesiones, contratos, formas de adquirir dominio, divorcios, legislación penal, entre otros.

El AED se manifiesta en un sin número de espacios jurídicos, porque en el ámbito de la microeconomía se han desarrollado varias teorías que permiten analizar el comportamiento humano. Existen estudios, como el de Gary Becker (premio Nobel de Economía en 1992) que demuestran que el comportamiento delincuencial, especialmente aquel que está vinculado a los delitos contra la propiedad, tiene una explicación económica, cuando se bajan los castigos por transgredir la ley, normalmente los actos delictivos se incrementan, generándose lo que él denomina un “mercado implícito por transgredir la propiedad privada”.

Posiblemente uno de los aportes más trascendentes en el AED sea el trabajo de Ronald Coase (premio Nobel de Economía en 1991), quien propone criterios novedosos tales como los “costos de transacción”, los “Derechos de Propiedad” (Property Rights) y la importancia de las leyes en la eficiencia económica.

Su propuesta va encaminada a entender cómo las interacciones entre agentes sociales generan costos, que en mucho de los casos, no solo involucran a éstos, sino a la sociedad misma. Supongamos que un confitero tiene su fábrica junto al consultorio de un médico y la maquinaria del primero produce tal ruido y vibración que ha afectado a la tranquilidad de los pacientes del segundo, ¿Quién debe cerrar?, ¿el confitero o el médico? Si se piensa que los daños causados deben ser subsanados por el confitero, se establecería que el médico tiene los “derechos de propiedad”, es decir este último tiene la prerrogativa legal para exigir que al confitero se le obligue a cerrar o a indemnizarlo; la sociedad pierde pues el confitero se queda sin empleo, generándose mayores males.

Por lo tanto, es preferible revisar salidas que estén por encima de la normatividad y esto implica la posibilidad de transar entre las partes. En el caso presentado, y de acuerdo a la teoría de Coase, si al médico le resulta menos costoso reparar el daño (por ejemplo construyendo una pared que aísle el ruido), él podría asumir esta tarea; el confitero sigue produciendo y la sociedad se beneficia.

fuente Diario El Telegrafo

El cambio fue histórico ya que el eje financiero se trasladó de Guayaquil a Quito. Los beneficiados con este cambio no estaban desvinculados con las acciones, omisiones y errores de las autoridades e instituciones del Estado ya que también fueron partícipes de la promulgación de la Ley de Instituciones Financieras de 1994, que ha sido identificada como el origen de la debacle financiera.

La caída de los bancos más grandes del país, de la década de los 90, benefició a algunos bancos ya que tuvieron una mayor participación en la industria bancaria (concentración en depósitos, créditos, activos, etc.).

Concentración de mercado

Para el 2002 los bancos más grandes del país (Pichincha, Produbanco, Guayaquil y Pacífico) tenían el 63% de los activos totales de la banca privada. Para septiembre del presente año, siguen manteniendo esa posición. Con respecto a los depósitos, la situación no es muy diferente. A diciembre de 2002 la concentración en este rubro fue del 59,92%. Para septiembre de 2012 fue del 62,6%.

Pero los efectos adversos y dañinos que produce la concentración del mercado en una determinada actividad económica se magnifican cuando se trata de quienes son los actores de la intermediación financiera. Es el caso del Banco Pichincha, que concentraba en 2002 el 27% de los activos y para 2012 ha llegado casi al 30%.

Esta concentración, en una situación de crisis financiera, sería nefasta para el país. Hay que recordar que el Ecuador no tiene mecanismos de política monetaria porque está dolarizado y por lo tanto no tiene un Prestamista de Última Instancia (PUI), que sirve para fortalecer a bancos en problemas en caso de que exista una corrida de depósitos, pero solo en situaciones de iliquidez.

Desde diciembre de 2008, el marco jurídico llamado: ‘Ley de creación de la Red de seguridad financiera’, que crea el fondo de reserva legal, de liquidez y la corporación de seguros de depósitos, cumplen con la función del PUI. No es adecuado que un solo banco maneje más del 28% de los depósitos del sistema. Para los propietarios del Banco Pichincha y, en caso de que sea necesario, al Estado le sería muy difícil asegurar a los depositantes la devolución de 5.902 millones de dólares que maneja esa institución financiera.

El comportamiento de los depósitos

La crisis de 1999 no solo trajo la concentración de la banca, sino también un efecto directo en el comportamiento del público con sus ahorros. El primer efecto a medida que la economía se recuperaba y bajaba la tasa de inflación, fue el aumento de los depósitos en el sistema financiero. A fines de 2002, las obligaciones con los clientes sumaban 4.331 millones de dólares. El suma de captaciones bancarias para la banca privada total hasta agosto de 2012 fue de 19.221 millones de dólares, cifra que implicó una tasa de crecimiento mensual del -0,73%, es decir, una reducción de 142 millones de dólares frente a julio (gráfico 1). Y hasta septiembre pasado esa cifra se había recuperado, sobrepasando los 20.000 millones de dólares.

El segundo efecto, más de índole estructural, fue que el público, a pesar que han transcurrido más de 13 años de la crisis financiera, no confía en el sistema bancario. En septiembre de 1994 los depósitos a la vista tenían un peso del 50,43% con respecto a las obligaciones del público. Al 2011 esa relación pasó al 70,19%. Desde 2003 hasta 2011 ese índice ha fluctuado entre un mínimo de 68,35%, en 2006 a un máximo del 72,37% en 2010 (gráfico 2).

Eso reflejaría el comportamiento del público al no ahorrar a plazo fijo, sino estrictamente a corto plazo por el temor a otro feriado y congelamiento como el decretado por Mahuad entre la noche del domingo 7 de marzo y el jueves 11 del mismo mes de 1999 (Decreto Ejecutivo Nº 685).

El comportamiento de las tasas

Este comportamiento del público está motivado también por las bajas tasas pasivas que se pagan por los depósitos que oscilan entre el 3,89% y el 5,35%, según el segmento, de 30 a más de 360 días (para octubre del presente año). Si las tasas pasivas fueran más altas, podrían motivar a que el público deposite a plazo fijo y a un mayor tiempo, tomando en cuenta que la relación de los depósitos a plazo fijo total y las obligaciones con el público es del 28,69%. En una relación más estricta, los depósitos a plazo fijo de más de 365 días con respecto a las obligaciones con el público es del 1,43%. Hay que recalcar que actualmente las tasas de interés son reguladas por el directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) mediante la Ley de Regulación del costo máximo efectivo del crédito, sancionada en julio de 2007. Pero las tasas pasivas no son las únicas que son reguladas y que no han cumplido con el propósito de solucionar las distorsiones que la banca heredó de la “guerra banacaria” finalizada con la privatización de las reservas internacionales (dolarización) y que magnificó hasta que la Ley entró en vigencia. Las tasas activas, a raíz de la regulación de la ley, han descendido, pero no como se esperaba.

Con la ley, las dos tasas de interés referenciales (activa y pasiva) se convirtieron en ocho tasas activas y seis tasas pasivas. El BCE definió ocho segmentos de crédito para los cuales cada mes rige una tasa de interés específica máxima y otra referencial. Los ochos segmentos son: productivo corporativo, productivo empresarial, productivo Pymes, consumo, vivienda, microcrédito acumulación ampliada, microcrédito acumulación simple y microcrédito minoristas.

Realizando un análisis comparativo de las tasas de interés efectivas referencialesde octubre 2007 y octubre de 2012 se dice que, por ejemplo, el segmento productivo corporativo y el segmento de microcrédito minorista tienen 2,53 % y 14% menos, respectivamente. Solo con estos dos ejemplos se puede ver que las tasas de interés han bajado, pero siguen siendo altas. Eso se puede verificar en la brecha que existe entre los ingresos percibidos por los intereses de las carteras de crédito y los intereses causados que para 2011 fue de 1.204 millones de dólares, lo que significó 4,82 veces más que los intereses causados. Para 2006 esa brecha era solo de 410 millones dólares y tres veces los ingresos por las carteras de crédito en relación a los intereses causados (gráfico 3).

Aunque la ley de regulación del costo máximo efectivo del crédito redujo los ingresos percibidos por comisiones ganadas de 287 a 210 millones de dólares (2006 con respecto a 2011), los ingresos percibidos por carteras de créditos han crecido vertiginosamente. Esto se dio porque la exigencia del Gobierno Central a la banca de repatriar los capitales desde el exterior para invertirlos en el país, a raíz de los efectos de la crisis financiera internacional desatada en septiembre de 2008, en condiciones de todavía altas tasas de interés, produjo en millones de dólares un spread financiero bastante grande que se vio reflejado en la mayor utilidad neta registrada desde la crisis de 1999, como fue la de 2011.

Rentabilidad: ¿Quiénes ganan más?

Las utilidades de la banca privada crecieron de forma acelerada hasta 2006 y después de 2007 ese comportamiento cambió, pasando a ser un crecimiento bastante fluctuante, llegando a tener tasas de crecimiento negativas (23.05%) como ocurrió en 2009 con respecto a 2008. Ese comportamiento fluctuante se debe a: la crisis financiera de 2008 y las regulaciones promovidas desde el Gobierno Central con leyes y resoluciones de la Junta Bancaria (gráfico 4).

El indicador de rentabilidad de la banca privada total fue de 15,3%, 23,97% y 18,91% en los años 2002, 2006 y 2011, respectivamente. Según declaraciones de los representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) estos indicadores de rentabilidad están totalmente justificados debido a que están por debajo de los indicadores de rentabilidad promedio del mercado o de otras actividades económicas.

Ese argumento no tiene sustento si se tiene en cuenta que la actividad bancaria no está considerada como parte definida del sector real de la economía o catalogada como un sector productivo y que el indicador de rentabilidad de la banca privada grande a partir de 2006 está por encima de los indicadores de rentabilidad de la banca privada total (gráfico 5).

Aquello revela que los bancos Pichincha, Produbanco, Guayaquil y Pacífico tienen aún mayores indicadores de rentabilidad. Además, para 2011, la banca privada grande absorbió cerca del 70% de las utilidades netas totales del sector cuando en 2006 absorbía el 62%. Solo el banco Pichincha y el Guayaquil se llevan cerca de la mitad de las utilidades del sector, lo que demuestra, una vez más, la concentración de mercado que existe en la banca privada.

Las carteras de créditos

Otro aspecto relevante del desenvolvimiento de la banca privada en la dolarización es cómo y quiénes conceden los créditos y cómo se han especializado en algún segmento. La situación es que los bancos grandes absorbían en 2011 el 60% de la cartera total por vencer del sistema, cuando en 2006 era del 55,13%. A septiembre de 2012 ese porcentaje llegó al 61,07%. Además, la banca se ha concentrado en dos segmentos en especial: comercial y consumo, en ese orden. La economía ecuatoriana tiene un grave desequilibrio en su balanza de pagos, específicamente en la comercial no petrolera.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y agosto de 2011 el déficit fue de 5.243 millones de dólares. En 2012, para ese mismo periodo, el déficit ha aumentado a 6.098 millones de dólares. Este grave desequilibrio comercial es achicado por las exportaciones petroleras que suman a agosto de 2012, en 9.562 millones de dólares. Pero la situación del grave desequilibrio está influenciada, en parte, por la especialización de la banca en los segmentos comerciales y de consumo que afectan directamente a las importaciones. Las carteras de crédito de vivienda, microcrédito y de inversión pública quedan totalmente desplazadas (gráfico 6).

Las consecuencias de esa segmentación se reflejan en los 5.005 millones de dólares de importaciones de bienes de consumo en 2011, que tienen un peso de 20,61% sobre las importaciones totales. Hay que recordar que la cartera de consumo en el 2006 era de 1.884 millones de dólares. Para 2011 esa cartera de crédito ha tenido un incremento del 156,34%, llegando a la cifra de 4.830 millones de dólares.

En otro aspecto la gestión en la recuperación de los créditos y en el manejo de la cartera incobrable en la que la banca ha sido bastante eficiente producto, en parte de, la concesión de créditos a corto plazo. Se ha mencionado que los clientes no depositan a plazos sus ahorros por miedo a otro congelamiento, pero también un factor importante de este comportamiento son las bajas tasas pasivas que no incentivan el ahorro a mayores plazos. Estos factores justifican créditos a corto plazo, lo que permite a los banqueros recuperar con éxito los depósitos invertidos.

Por eso el argumento de que puede existar una corrida de depósitos por financiar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) es totalmente inaceptable.

Profundidad financiera El crédito se ha mantenido en alza durante toda la etapa que el Ecuador ha estado sin moneda propia. En 2002 la cartera de crédito ascendía a 2711 millones de dólares, en 2011 esa cifra asciende a 12.869 millones de dólares. Según versiones de los representantes de la banca privada, este es uno de los mayores logros del sector.

Pero según un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con base en datos del Banco Mundial (BM), el índice de profundidad financiera del Ecuador en 2007 es menor al registrado en 1995 (gráfico 7).

Para 2012, la ABPE prevé un 23.52% para este indicador, manteniéndose aún por debajo de países como Costa Rica, Colombia y Bolivia, y ubicándose muy lejos de Chile y Panamá. Según el informe, los bajos niveles de profundidad financiera se deben a que anteriormente el Ecuador ha sido afectado por agudas crisis bancarias. También se menciona a México y Argentina, donde las crisis financieras se desarrollaron en 1994 y 2001, respectivamente.

fuente Diario El Telegrafo

Las cifras difundidas tienen como fuente a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) como organismo rector de esta área económica, pero ¿por qué la información no viene directamente de las instituciones bancarias?. Durante el ejercicio periodístico realizado por másQmenos al buscar información sobre las condiciones financieras de cada una de las 26 entidades que operan en el país, se ingresó a las 26 páginas web de esas instituciones, pero en ninguna se encontraron estos datos, lo que deja dudas de la transparencia que tienen estos organismos acerca de sus cuentas, considerando que todos los cuentaahorristas tenemos el derecho a saber qué se está haciendo con el dinero que le confiamos a la entidad.

Esto, a pesar de que existe una legislación en el Ecuador que permite a la población acceder a la información. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su primer artículo, establece que “toda la información que emane o esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas públicas o privadas que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de este (…); toda la información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley”.

La información bancaria no está dentro del grupo de las excepciones. Por otra parte, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) ha indicado en un comunicado reciente que estas instituciones pagan 25 impuestos al Estado, pero no indica cuáles son esos tributos y cuánto están pagando por cada uno de ellos.

Hay que diferenciar que la información personal de un cuentaahorrista es confidencial, a diferencia de las ganancias que podría obtener un banco y el destino que este le otorgue al dinero de los ciudadanos. Según el sexto artículo de esta Ley, “se considera información confidencial a aquella personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende a aquella derivada de sus derechos”.

Dada esta situación, se vuelve necesario que los organismos de control económico y de la información tomen acciones para que los sitios web de las entidades bancarias brinden esta información, cuyo conocimiento forma parte de los derechos de la ciudadanía.

Haría falta también un compromiso por parte de la banca privada para que difunda las inversiones y el destino que da, tanto a los ahorros de sus clientes, como a las utilidades que obtiene por su trabajo, las cuales superarán los 400 millones de dólares en este año y que sin duda servirán para el financiamiento del BDH, con lo que devolverá algo a una sociedad que ha dado mucho por ese sector.

fuente Diario El Telegrafo