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Carrasco explicó que entre el 2001 y 2006, la cifra recaudada por impuestos sumó $20.321 millones, mientras que entre el 2007 y 2012 el monto fue de $47.906. «Es decir un crecimiento de 236%», afirmó el funcionario.

También indicó que la presión fiscal llegó al 15,3%. «Si sumamos los otros tipos de impuestos, como los aportes al IESS, estamos hablando del 21%, la mitad de la presión en Europa y menor a la presión de varios países de la región como Chile y Argentina».

Recalcó que se ha cumplido la meta que consta en la Plan Nacional para el Buen Vivir. Añadió que la entidad que dirige no permitirá «que regrese la fiesta tributaria en que siempre se declaraban pérdidas y no se pagaban los impuestos».

Carrasco señaló que la meta de recaudación planteada para el año 2013 es de 12.200 millones de dólares.

fuente Diario El Telegrafo

“Ahora somos más ricos y tenemos mejores activos como: escuelas, carreteras, centrales hidroeléctricas y hospitales, por eso, la inversión pública seguirá siendo importante dentro de la gestión del Gobierno Nacional en 2013”.

Así lo confirmó Jeannette Sánchez, titular del Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE), durante una entrevista en Ecuador TV, donde resaltó lo fundamental de sostener una inversión pública que permita el retorno de las inversiones estratégicas, para así garantizar una economía futura que mejore la competitividad y productividad local.

“Las perspectivas para 2013 son alentadoras pese a que se avizora un escenario global poco favorable, el mismo que tendrá su influencia en América Latina”, advirtió la funcionaria de Estado.

Ese entorno provoca un comportamiento no tan dinámico como antes, a propósito del crecimiento de la economía. En Ecuador, por ejemplo, la previsión es de entre 3,8% y 4%; sin embargo, se prevé que estaremos por sobre el promedio regional. “La situación a nivel mundial es compleja, sobretodo en Europa y Estados Unidos.”

De entre los logros más importantes alcanzados en 2012, Jeannette Sánchez resaltó un crecimiento equilibrado del sistema económico en un 4,8% y la reducción en 12 puntos (desde 2006) de la pobreza extrema.

Según registros de esta Cartera de Estado, Ecuador aún tiene un cuarto de la población en situación de pobreza en términos de ingreso. El dígito de pobreza extrema señala un poco más del 9% a nivel nacional, lo cual señala insuficiencias y la necesidad de avanzar.

Actualmente, se registra una de las tasas de desempleo más bajas desde 2007 con un 4,6%, lo que significa que más de la mitad de la población económicamente activa está plenamente ocupada.

La ministra Sánchez destacó además el aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de USD 35 a 50, tras anunciar que el país podría tener incluso un mejor año en términos económicos si se logra expandir el consumo interno con una demanda saludable hacia el producto nacional.

En 2013, el Gobierno Nacional apostará en el campo energético, lo que significa una importante inversión en este sector. “Invitamos a todos poner el hombro, responsabilidad y esfuerzo”.

En lo que concierne a su cargo transitorio como presidenta del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), luego de la salida de Pedro Delgado, afirmó que permanecerá en esas funciones mientras el Presidente de la República, Rafael Correa, designe a la persona que ocupará esta competencia.

A nivel regional preocupan los niveles inflacionarios de Argentina, con una tasa que pasa del 20% y que lo ubica en el grupo de los países más inflacionarios del mundo, encabezados por Sudán del Sur, que registra un 75% y Bielorrusia 65%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que en 2012 la tasa de inflación en la región se redujo durante buena parte del año, pero en septiembre y octubre se observó un pequeño repunte debido al alza de los precios internacionales a partir de julio y a restricciones de oferta en algunos países.

De su parte, la consultora Latin American Consensus Forecast, en base a una encuesta de diciembre del año pasado que recopila proyecciones de los principales especialistas y banqueros de inversión internacionales, informó que Perú tendrá en el 2013 la inflación más baja de la región (2.9%).

Será seguido por Colombia y Chile con 3.1 por ciento cada uno, México (3.7%), Paraguay (4.1%), Ecuador (4.6%), Bolivia (5.1%), Brasil (5.4%), Uruguay (7.1%), Argentina (10.8%) y Venezuela (27.7%).

El diario argentino La Nación, resalta que la economía ecuatoriana, que se encuentra dolarizada desde 2000, también está logrando sortear los efectos de la crisis internacional, con un Producto Interno Bruto (PIB) en crecimiento y una inflación en baja. “Hasta noviembre del año pasado, su economía creció un 5,3%, de la mano de los mayores ingresos petroleros”, dijo el rotativo.

IPC en Ecuador

Ecuador cerró el 2012 con una tasa de inflación anual de 4,16%, por debajo de la cifra proyectada por el Gobierno (5,14%) y menor al índice reportado en 2011 (5,41%).

Mark Weisbrot y Luis Sandoval, analistas del Center For Economic And Policy Research, destacan en un informe de la unidad académica que después de la crisis financiera de 1999 donde Ecuador alcanzó un IPC del 96,1%, la inflación comenzó a disminuir y en 2004 alcanzó una tasa anual del 2,4% y se mantuvo por debajo del 4% hasta 2007.

“Resulta positivo que el gobierno de Ecuador no respondiera -como muchos otros gobiernos- a la subida en la tasa de inflación general provocada por los productos básicos, frenando el crecimiento económico con el fin de reducir la inflación”.

Para Roberto Villacreses, analista económico, el hecho de que el año pasado el IPC suba cerca de 2 dígitos por encima del que hubo en el 2006 (2,87%) no quiere decir que la situación haya empeorado en el país. “Es muy relativo, nosotros en años anteriores que teníamos de moneda el sucre llegamos a tener una inflación del 90%”, dice.

Este año iniciará en el país la construcción de superautopistas y vías rápidas que no atraviesan poblados ni tienen intersecciones, con un presupuesto de aproximadamente 10.000 millones de dólares.

Estas carreteras permitirán acortar las distancias, dar mayor seguridad a la circulación vehicular y reducir el tiempo de viaje entre las principales ciudades en un país, en beneficio de cargas que se transportan exclusivamente por tierra.

El subsecretario de Obras Públicas y Transporte, Iván Sempértegui, precisó que en los últimos seis años han sido intervenidos 7.820 km de carreteras y caminos, de los cuales 6.440 km están totalmente concluidos.

La inversión superó los 7.620 millones de dólares en 9.200 km de vías, incluyendo las construidas además de las intervenidas, informó Sempértegui.

La actual red vial en el país permite enlazar los diferentes centros de producción con los de consumo y se ha convertido en un motor para la industria, el comercio y el turismo. En 2012 se movilizaron por tierra 11 millones de turistas.

El funcionario aseguró que la inversión en vialidad ha superado a la de los tres gobiernos anteriores juntos y añadió que, para precautelar la inversión, hay un programa de mantenimiento por resultados.

“En 2012 contratamos seis proyectos, en los cuales el primer año se hace la rehabilitación de la vía, en los tres restantes la tarea es mantenerla en las condiciones que fue recibida el último día de la construcción, es decir, mantener el nivel de excelencia vial”.

Entre los proyectos emblemáticos en curso destacan la ruta Manta (Ecuador)-Manaos (Brasil), que une el océano Pacífico con el Atlántico mediante un corredor intermodal; la Troncal Amazónica y la Ruta del Spondylus, que recorre el perfil costanero y tiene una longitud de aproximadamente 1.000 km.

Fuente Diario El Telegrafo

De acuerdo con un informe realizado por la Subdirección de Estudios de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), a septiembre de 2012, la morosidad en la cartera bruta de los bancos privados sufrió una variación ascendente de 0,4 puntos porcentuales.

En septiembre de 2011 se situaba en 2,7%, mientras que en el mismo mes del año pasado llegó a 3,1%.

La entidad que presentó el mayor índice de morosidad fue banco Territorial con 21,2%, luego Cofiec con 20,4%, seguido por Comercial de Manabí con 9,5%. Mientras que bancos como Citybank, Coopnacional y Bolivariano registraron morosidades inferiores al 1,0%.

Por líneas de negocio, el índice de morosidad a septiembre de 2012 ubicó a la cartera de consumo con el 5,3%, microempresa 4,5%, vivienda 2,3% y comercial con 1,2%.

Mientras las tres primeras incrementaron el índice en 1,3; 1,0; y 0,1 puntos porcentuales, la comercial disminuyó en 0,4 puntos, en relación a la tasa obtenida en 2011. Las líneas educativa y de inversión pública no registran valores en mora por ser incorporaciones recientes.

La cobertura de la cartera problemática (cartera vencida más aquella que no devenga intereses) decreció 8,3 puntos porcentuales al variar su indicador de 216,7% a 208,4% en septiembre del año pasado, debido a que las provisiones se vieron incrementadas en 229 millones de dólares (30,4%) pasando desde 753 millones a 982 millones.

Por otra parte, los bancos privados han puesto a órdenes del público más de 4.800 puntos de atención en los distintos cantones y parroquias del país.

Las provincias de Pichincha y Guayas concentran más del 60% del total de puntos de atención al cliente.

La dolarización fue establecida como una medida de ‘salvavida’ político y no un plan. El 9 de enero de 2000 el Presidente Jamil Mahuad anunció el abandono de la moneda nacional más que la implementación de la dolarización. Son numerosas las leyes expedidas desde ese momento
con el objetivo de acoplar la economía ecuatoriana al dólar, las mismas que establecen dos períodos muy bien definidos: antes y después del 2007.

Después de ser derrocado el presidente Mahuad, en medio de un estallido social y asumiendo la Presidencia el Dr. Gustavo Noboa, se envío el proyecto de Ley para la Transformación Económica del Ecuador (11 de febrero 2000) al Congreso Nacional (1) para otorgarle la base legal al nuevo
régimen monetario, que sería posible con su aparición como ley en el Registro Oficial Nº 34 del lunes 13 de marzo de 2000.

La ley de Transformación Económica del Ecuador no solo efectuó modificaciones a la Ley de Régimen Monetario, sino que también reformó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Reordenamiento en el Área Tributario Financiero, el Código de Comercio, la Ley de las Finanzas Públicas, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Presupuestos del Sector Público, la Ley de Contratación Pública, el Código del Trabajo, entre otras disposiciones. Se encontraba ausente las regulaciones al poder de mercado de la banca privada, acrecentado la crisis financiera de fin de siglo.

Los simpatizantes de la dolarización habían expresado que estas reformas tienen como fin la puesta en marcha del nuevo sistema económico. Para los economistas más heterodoxos estos cambios en las principales leyes del país representaron la recomposición del neoliberalismo que había logrado su auge, declive y crisis entre 1992 y 1999.

Las reformas legales e institucionales se acentuaron con el paso del tiempo, sobre todo en 2002, mediante el establecimiento de otro fondo petrolero (en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador se dio el primero) producto de la entrada en funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El proyecto de ley que proponía el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) entró al Congreso Nacional el 25 de marzo de 2002 (1) y fue ley a partir de 4 de junio del mismo año. Constituían recursos del FEIREP todos los ingresos del Estado provenientes del petróleo crudo transportado por el OCP, los generados mediante superávit presupuestario, los provenientes del fondo de administración de pasivos, entre otros.

Los recursos de este fondo se destinaban exclusivamente en un 70% a recomprar deuda pública externa e interna -a valor de mercado-; 20% para estabilizar los ingresos petroleros y/o para atender emergencias; y, 10% para atender educación y salud. La principal debilidad del FEIREP estaba en la recompra de deuda preanunciada permitiendo el aumento de la cotización de los bonos aún por encima de su valor nominal. Pero la Ley no solo constituía el FEIREP sino también reglas fiscales acordes al pensamiento “prudente” en el manejo de las finanzas públicas.

Se estableció que el gasto primario del Gobierno Central no se incrementaría en más del 3,5% en términos reales y el déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos por exportaciones petroleras y menos gastos totales, se reduciría anualmente en 0,2% del producto interno bruto (PIB) hasta llegar a cero. También se fijó la reducción de la deuda pública total en relación al PIB con una meta del 40%, disponiendo no superar ese porcentaje posteriormente.

Con la llegada del nuevo régimen en enero de 2003 presidido por Lucio Gutiérrez,
se evidenció con más profundidad las políticas fiscales austeras con el único objetivo de asegurar el pago de la deuda externa. En el 2004 el servicio a la deuda pública sumaba 2.652 millones de dólares. Se estableció dentro de su marco macroeconómico el mantenimiento de políticas fiscales prudentes y estabilizar el gasto primario del Sector Público No Financiero (SPNF) en 21,7% del PIB en 2003.

Eso se refleja principalmente en el Decreto de austeridad, expedido el 22 de enero, donde los salarios y beneficios a todos los empleados del sector público se congelaban y se reducía en unos 100 millones de dólares del rubro presupuestado a Petroecuador. También se establecía que no habría incrementos en las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debido al aumento “sustancial” entre el 2001 y el 2002 y que no se concederían nuevos préstamos a sus afiliados reduciendo las operaciones de crédito de 158 a 40 millones de dólares entre el 2002 y 2003. Un programa económico con tales características era la base para llegar a un acuerdo de derecho de giro (stand-by) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 13 meses contemplando solicitar un acuerdo precautorio para 2004. El 10 de febrero de 2003 el FMI aprobó la carta de intención con Ecuador solicitada por Mauricio Pozo y Mauricio Yépez Ministro de Economía y Presidente del Banco Central del Ecuador (BCE), respectivamente (2).

Luego la destitución de Lucio Gutiérrez de la Presidencia, por parte del Congreso Nacional, marcó el comienzo del ocaso de la recomposición neoliberal. La llegada de Rafael Correa Delgado, un joven economista heterodoxo, al Ministerio de Economía marcaba el camino hacia otra forma de hacer economía, impedida anteriormente por la burocracia internacional (FMI y Banco Mundial) y el stablishment financiero, local y extranjero. El nuevo ministro, en su corta gestión, concretó la reforma a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal donde se pre-anunciaba el pago de la deuda externa (1).

Esta ley fue una de las primeras reformas en debilitar la supremacía del capital sobre el ser humano. A partir de junio de 2005 se asignaba un 35% a la recompra de deuda pública externa e interna a valor de mercado cuando las circunstancias técnicas y de mercado lo justificaran, si no era así serviría para crédito productivo y pagar –adicionalmente- la deuda con el IESS, 30% para proyecto de inversión social, 5% para la investigación científico- tecnológica, 5% para mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional, 5% para la reparación ambiental y social por efecto de los impactos de las industrias hidrocarburíferas y el 20% para estabilizar los ingresos petroleros y para atender emergencias. Además, los recursos formarían parte de una cuenta especial dentro del Presupuesto General del Estado y no en la del tesoro.

Las principales reformas en dolarización han girado sobre los temas de los fondos petroleros y la austeridad fiscal. Las políticas económicas de los Ministros de Economía de los gobiernos anteriores a enero de 2007 han sido siempre para asegurar el pago de la deuda externa por encima de los requerimientos del sector social. Los Fondos petroleros tenían ese objetivo, pero solo con la recompra de la deuda, para cancelar los vencimientos de la deuda se requería, en algunas ocasiones, de la contratación de préstamos para cubrir esas obligaciones. Al cerrar el 2006, el Ecuador pagó por servicio a la deuda pública 3.784 millones de dólares, un 43% más que en 2004, representando 13,1% del PIB mientras el gasto social representaba 4,7%.

Hasta 2006, el país había perdido su soberanía sobre la política económica, y con ello poca capacidad para hacer frente a shocks externos negativos, aunque existía cada vez más recursos provenientes del alza en el precio del barril de petróleo, estos estaban pre-asignados a distintos objetivos (incluyendo los recursos proveniente de los ex – bloques OXY) o en su caso, las petroleras se llevaban la mayor parte del negocio hidrocarburifero.

En agosto de 2005, Rafael Correa presentó de forma irrevocable su renuncia al Presidente Palacio, dando inicio a una carrera política que lo llevaría a la Presidencia de la República en enero de 2007.

Desde la Función Ejecutiva y con el establecimiento de la Asamblea Constituyente en 2008 se expidió una nueva ley que derogaría los fondos petroleros con el objetivo de tener un presupuesto donde las brechas entre los más ricos y los más pobres se vayan cerrando (1). Desde la Función Ejecutiva se renegoció todos los contratos petroleros. Desde el 2007, la relación gastos social/PIB es mayor a la relación servicio de la deuda pública/PIB. Cuando se transmitió la crisis financiera mundial de 2008 al Ecuador, el país había comenzado un proceso vigoroso de inversión pública permitiéndole afrontar con gran éxito las secuelas de la crisis, la economía no dejó de crecer y la política fiscal siguió siendo anticíclica.

Pero la recesión mundial permitió el escenario propicio, junto a la decisión política del actual régimen, para declarar el default de la deuda, su renegociación y la recompra de bonos (los global
2012 y 2030 sumaban 3.200 millones de dólares).

En el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) (4) se afirmó la existencia de evidencias de ilegitimidad particularmente en los bonos global 2012 y 2030.

A los bonos global 2015 se les otorgó un tratamiento diferencial. En junio de 2009 Ecuador recompró a 35% de su valor nominal- aproximadamente 91% de sus bonos, pagando aproximadamente 900 de 2.900 millones de dólares.

Para fines de ese año la recompra se amplió con bonistas italianos en 50 millones de dólares. Esta renegociación es el mayor ejemplo de recuperación de la soberanía sobre la política económica y de otorgarle a la dolarización niveles de política monetaria a través del manejo de
la liquidez monetaria, que tanta veces se dijo que no existiría.

Pero las reformas y los cambios institucionales no sólo pasaron por otorgarle el marco legal necesario al nuevo sistema monetario o la creación de fondos petrolerossino también para flexibilizar y tercerizar la fuerza laboral, según la vertiente más ortodoxa de las ciencias económicas, necesaria para que la dolarización no sea permeable a las shocks externos negativos. En los últimos días del régimen de Lucio Gutiérrez (15 de marzo de 2005) se había enviado un proyecto de ley al Congreso Nacional, con la autoría de Mauricio Yépez, que “transformaba” varias empresas del Estado, reformaba la Seguridad Social, ampliaba los poderes del Ministro de Economía y Finanzas y restaba beneficios sociales a los trabajadores.

El proyecto de ley entró con el nombre de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado (3) con el propósito de llevar adelante muchas de las reformas de corte neoliberal que Mauricio Pozo no realizó, por separado, durante su gestión. Se la denominó Ley Topo. Si el proyecto propuesto se convertía en Ley (fue rechazado por el Congreso Nacional en el segundo debate), los trabajadores habrían sido los más afectados. El proyecto proponía la reducción en la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades generadas en las empresas, del 15% al 5% y consideraba el 40% que el Estado aporta para las pensiones jubilares, por mandato de la Constitución y la Ley, como parte de pago del déficit actuarial del IESS dejando de pagar casi 300 millones de dólares anuales.

Pero seis días antes, Gutiérrez había firmado el decreto que reglamentaba la contratación laboral por horas (para este fin se reformó el Código de Trabajo mediante los artículos 84 al 90 de la
Ley para la Transformación Económica del Ecuador) donde se establecía la libre terminación por una de las partes del contrato sin derecho a indemnización alguna impidiendo la estabilidad y sindicalización de los trabajadores.

Ese reglamento, las reformas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador y la Ley Reformatoria al Código del Trabajo mediante la cual se regula la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios complementarios de junio de 2006 fueron derogados
en el Mandato Constituyente Nº 8 expedido por la Asamblea Constituyente el 30 de abril de 2008, dando terminación a la explotación laboral en dolarización.

Las reformas y cambios institucionales, enfocadas a mantener la dolarización, han sido numerosos. La recomposición neoliberal desde el 2000 y su declive en el 2006 rezagaron y subordinaron la fuerza laboral frente al capital. Sobre los hombros de la clase trabajadora descansó la vigencia de la dolarización con la concepción de que menores costos laborales impulsarían la competitividad del país y sus exportaciones, generando las divisas necesarias para sostener el sistema. Con ese mismo fin, se manejó la política fiscal. Esos conceptos quedaron desplazados con la llegada del nuevo régimen en el 2007 donde el factor trabajo es el centro de la política económica y el protagonista principal en la dolarización.

Fuente Diario El Telegrafo

El Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) se consolida, según dio a conocer el presidente del Consejo Monetario Regional, Eudomar Tovar, al hacer un balance al cierre de 2012 sobre el uso de esta moneda virtual que busca reemplazar al dólar estadounidense en las transacciones comerciales latinoamericanas.

Al referirse a los montos transados durante 2012, Tovar destacó que la meta de 750 millones de sucres fue rebasada al cerrar en 790 millones sucres, lo que generó un ahorro de 988,2 millones de dólares en los intercambios de los países que participan de esta unidad de cuenta.

En 2011 se negociaron 431 millones de sucres (538 millones de dólares) y en 2010, la cifra fue de 10 millones de sucres, que equivalen a 12,5 millones de dólares. El año 2012 cerró con 2.474 operaciones, seis veces más que las 431 transadas en 2011, un incremento de 500%. En 2010, por su parte, solo se realizaron seis operaciones.

Es por ello que, el funcionario indicó, el sucre se consolida y se estima que en este año las transacciones pueden ubicarse entre 1.500 y 2.000 millones de sucres.

En el ranking de intercambio dentro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), Tovar señaló que actualmente Ecuador ocupa el primer lugar, con 68% del comercio interregional. Mientras que, Venezuela detenta el 24%, seguido por Bolivia, Nicaragua y Cuba. Ecuador este año fue también la nación que más comerció en sucres, al llegar a 538,5 millones.

Las transacciones de Ecuador con el Sucre suman 1.008’753.968,14 dólares desde febrero de 2010 hasta el 3 de diciembre de 2012, con 2.114 operaciones, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Las exportaciones en estos tres años fueron de 899’880.797,69 dólares, mientras que las importaciones representaron 108’873.170,45 dólares, con 34 transacciones.

Según cifras del BCE, en 2011 las transacciones ecuatorianas con la moneda virtual fueron de 262’226.923,54 dólares, mientras que hasta la primera semana de diciembre del año pasado alcanzaron 739’328.818,67 dólares, un 477% más que el año anterior.

Entre los productos que más se han exportado están los neumáticos radiales, vehículos y también accesorios para camiones, cocinas a gas, neveras, leche, papas, atún, etc.

fuente diario El Telegrafo

“Años se enriquecieron a costillas de los periodistas. Éramos los peores pagados en una radio. Ahora al percibir 817 dólares realmente se ha hecho justicia a nuestra sacrificada labor”, señaló un periodista de radio Caravana, quien pidió que no revelara su identidad por represalias en el medio de comunicación.

El Gobierno por la falta de un acuerdo entre trabajadores y empleadores impuso el nuevo mínimo salarial para quienes trabajan en relación de dependencia. En el caso de los periodistas de 400 dólares se incrementó a 817 dólares.

De acuerdo a la nueva tabla salarial, quienes percibían 400 dólares y estaban en la categoría más baja alcanzaron 550 dólares. En tanto, la categoría siguiente es 675 dólares, le sigue 817 dólares y la más alta 900 dólares. Los salarios en este sector no se habían incrementado durante años.

Según periodistas de los diarios La Hora y Hoy, los titulares de estos rotativos habrían anunciado que harán una reducción del personal en este año. Sin embargo, la satisfacción es colectiva por el aumento salarial. Ahora esperan la decisión de sus empleadores al momento que cancelen el nuevo salario, al finalizar este mes.

“A mí me pagan 400 dólares mensuales, pero algo harán los dueños de los medios para evadir lo que dispone la ley. Es por ello que pedimos realizar acciones inmediatas que permitan controlar que se cumpla el pago”, enfatizó un periodista de radio Galáctica, quien aseveró que los dueños del medio no recibieron con agrado la noticia e insinuaron un recorte del personal.

Pagos con sacos de arroz

Un comunicador que trabajó en el periódico Meridiano señaló que en algunos casos los propietarios del medio guayaquileño le pagaron su sueldo con sacos de arroz, hojas de papel bond, botellas de licor y descuentos para compras de electrodomésticos. “El dueño nos decía: si quieren plata horita lleven estos artículos o sino esperen hasta que haya dinero”, dijo el periodista, quien labora en el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Cumplimiento

El presidente del Colegio de Periodistas del Guayas, Édgar Cedeño, dijo que esta es una justa aspiración del gremio y que estará atento para que se cumpla el incremento a partir de este mes.

Demandó de los periodistas afiliados y no afiliados que inmediatamente presenten la denuncia si no hay el incremento. “La decisión de nosotros es una lucha constante por los intereses de los comunicadores sociales”, aseguró Cedeño.

En los medios radiales de Guayaquil hay aproximadamente 24 espacios de opinión que contratan los periodistas sin relación de dependencia. Ellos subsisten con la venta de espacios publicitarios o publirreportajes.

“Trabajo desde hace 15 años con este sistema en varias radios. Los tiempos han cambiado. Hay meses que percibo más que el salario básico de periodistas, pero hay ocasiones que ni siquiera recibo el básico. Así trabajamos decenas de comunicadores sociales”, indicó un periodista de radio Uno que pidió el anonimato.

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) anunció que los miembros esperan reunirse en los próximos días para analizar el impacto del incremento de más de 200 dólares al salario mínimo. Luego del encuentro se pronunciarán.

Esta profesión en varias ocasiones requiere de largas jornadas de trabajo, con bajas remuneraciones y en algunos casos sin reconocimiento de horas extras, señaló un periodista, quien calificó de positiva la iniciativa gubernamental de que la escala salarial de los comunicadores sociales sea igual a la de la docencia.

Publicidad

Los periodistas que trabajan en las emisoras en su mayoría lo hace sin relación de dependencia. Intervienen en los espacios noticiosos bajo la figura de “colaboradores”, a quienes solo se les permite ingresar uno o dos cupos publicitarios. El 70% de los ingresos es para la empresa.

También hay profesionales de esta rama que perciben salarios inferiores a los básicos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). Andrea, nombre protegido de una periodista de radio, manifestó que en una emisora AM de la capital donde laboró, su salario no superaba los 270 dólares y no le reconocían las horas extras.

Acotó que “el salario lo acepté, porque detrás de un periodista también hay familias que mantener”, pero lo más difícil para esta trabajadora era llegar al fin de mes y ver que recibía un sueldo que no cubría sus necesidades.

Betty, otra periodista de un medio radial de sintonía nacional, calificó esta decisión de acertada, porque ya era hora de “reivindicar la labor del comunicador social”.

Resaltó que durante años el sector ha estado invisibilizado, porque no había un dirigente gremial interesado en reivindicar el derecho laboral del trabajador de prensa y en los últimos tiempos los representantes del gremio tienen más interés político que defender el respeto a la libertad de prensa.

Arma de doble filo

La presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, Susana Piedra, manifestó que en septiembre del año pasado el gremio presentó a la Comisión Sectorial un proyecto de reforma, ya que en la actualidad los periodistas están en la tabla 22 (servicios comunitarios) cuando deberían estar en la 19 (servicios profesionales). «El incremento salarial será un arma de doble filo, fue un error del Ministerio, del Ejecutivo decir profesionales sin título, van a contratar a los que no están con título para pagar menos», enfatizó.

fuente Diario El Telegrafo

El impuesto se reduce cuando los tributantes cotejan sus ingresos con los egresos destinados a salud, vestimenta, educación, alimentación y vivienda, deducibles que deben alcanzar desde el 50% de los gastos anuales hasta un monto máximo de 13.234 dólares.

Por otra parte, el organismo tributario anunció el incremento de la base para la cancelación de los impuestos a las herencias, legados y donaciones, que de 61.931 en 2012 subió a 64.890 dólares para el año que empieza.

Fuente Diario el Telegrafo

El 19 de diciembre de 2012, la Junta Bancaria emitió la Resolución JB-2012-2382 en la que constan los servicios sujetos a tarifa que rigen para las entidades financieras en el trimestre, comprendido de enero a marzo de 2013.

Las tarifas presentan nuevos valores que desde ayer constituyen una base imponible a la que se debe agregar el IVA (12%), que da como resultado la tarifa final que el usuario cancelará.

En el caso del servicio de emisión de cheque (su valor) cuya tarifa máxima que cobrará la entidad financiera (base imponible) es 0,27 dólares, más el 12% por IVA, que equivale a $ 0,30, que es la tasa final que el usuario pagará.

No ha variado el costo de los servicios para el usuario, sino que se mantendrá igual al del último trimestre de 2012.

La Junta estableció nuevas tarifas máximas a los servicios que prestan las entidades financieras en el país, cuyos costos están vigentes desde ayer hasta el 31 de marzo de este año.

En el informe ratificó que son gratuitos los servicios de apertura y depósitos de cuentas, además de la administración, manejo y consulta de cuentas, retiros de dinero y transferencias en la misma entidad financiera, cancelación o activación y reactivación de cuentas. Además el pago de las tarjetas de crédito, como la emisión y entrega del estado de cuentas.

La Junta Bancaria también resolvió que seis servicios de las entidades financieras reduzcan el costo a partir del 1 de enero. El retiro de dinero en cajeros del mismo banco tenía un costo de $ 0,35, en este año será de $ 0,31.

Retirar dinero en un cajero de otro banco costaba $ 0,50, desde ahora se cancelará $ 0,45. La impresión por consulta de saldo en el cajero automático también se redujo a $ 0,31.

fuente Diario El Telegrafo