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El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), y la empresa pública Yachay (Ciudad del Conocimiento) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de implementar una estación experimental que fortalezca la investigación y el mejoramiento de la productividad y competitividad agrícola. El proyecto se instrumentará a través de la Estación Experimental Santa Catalina de Quito, que se trasladará a Urcuquí (Imbabura), en un área aproximada de mil hectáreas, dentro de Yachay EP.
La iniciativa pretende también aportar a la reducción de la pobreza y a la soberanía alimentaria.

fuente Diario El Telegrafo

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, aclaró que el Estado debe tener más capacidad regulatoria porque una de las intenciones es posibilitar mayores créditos en el sector productivo, aunque la decisión de a quién se entregará un crédito y de cuánto solo le corresponderá al banco.

Esto lo mencionó con respecto a las preocupaciones del sector financiero por el posible cambio del manejo del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano (Flsfe), fideicomiso creado luego de la crisis bancaria y cuya función principal es servir de prestamista de última instancia a los bancos.

Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros, expresó en ese sentido que la Junta Regulatoria deberá actuar de forma técnica y con responsabilidad. “En 2012 cuando  los bancos entregaban créditos de consumo y hubo sobreendeudamiento y tuvimos que actuar, allí qué dijeron los bancos”, preguntó Solines, para quien la intención gubernamental es positiva. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO).

Esta forma de direccionamiento de los créditos es otro de los temas que incomoda a la banca. Rivera aseguró que en este momento la banca entrega el 70% de los créditos a un año plazo, pero  con esta forma de operación no se puede cambiar la matriz productiva del país.

El secretario de Estado manifestó que a través del código se desarrolla un conjunto de instrumentos para financiar operaciones a más tiempo, con lo que poco a poco, y de manera responsable, se mejorarán los plazos dentro del sistema.

fuente Diario el Telegrafo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informó que Ecuador registró una inflación mensual de 0,10% en junio de 2014 frente al -0,14% del mismo mes del año anterior.

Según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el sexto mes del año el país reportó una inflación anual de 3,67% y una acumulada de 1,90%. En junio del 2013, la inflación anual llegó a 2,68% y la acumulada a 0,94%.

La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles es la que más contribuyó en la variación mensual del IPC con el 78,06% del total, seguida por restaurantes y hoteles con el 23,18%.

Quito es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 0,51%, seguida de Ambato con el 0,34%. Mientras, Loja y Esmeraldas son las que menos inflación reportaron con el -0,21% y -0,84%, respectivamente.

En junio de 2014 el costo de la canasta básica se ubicó en 634,67 dólares, igualando al ingreso familiar mensual (con 1,6 perceptores).

fuente Diario El Telegrafo

El artículo 312 de la Constitución ecuatoriana establece que cada entidad del sistema financiero nacional tendrá un defensor del cliente. Con base en ello, la resolución de la Junta Bancaria 2226 del 10 de julio de 2012 reglamentó las funciones, alcance, competencias, obligaciones y prohibiciones del funcionario, así como la forma en que se llevará a cabo la atención de reclamos.

Kléber Coello, defensor del cliente de Banco Amazonas, es uno de los 40 servidores nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los funcionarios en 2013 receptaron 1.161 casos, pero solo 547 fueron de competencia del defensor y resueltos por distintas vías.

Coello, en entrevista con EL TELÉGRAFO, señala que dentro del proyecto de Código Monetario se deberían otorgar mayores facultades a los defensores de clientes.

¿Cuáles son las funciones de un defensor del cliente?

Somos mediadores de conflictos entre los clientes y la banca. Atendemos consultas que el cliente quiera hacernos, damos recomendaciones y brindamos asesorías. Todo es gratuito. La mayoría de gente que acude a nosotros es de estratos bajos, eso es lo que nos motiva en esta función. La mayoría de lo que hemos atendido corresponde a consultas y quejas.

Toda queja la receptamos, la pasamos primero al banco para que no se repita. Si está repitiéndose, la mandamos a la Superintendencia de Bancos (SBS). Las más frecuentes son por demora en trámites y en la entrega de documentación; por maltrato de empleados, entre otros.

¿Qué pasaba cuando no había la figura del defensor del cliente?

Antiguamente los clientes de estratos bajos, con poca educación financiera, pensaban que lo que decía el banco era la última palabra y ahí se quedaban. Y reclamos por $ 50, $ 100, que para una persona de escasos recursos es mucho, se quedaban en el olvido. Si uno ve las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, los reclamos más fuertes son a partir de $ 200; no hay por $ 20 o $ 50.

Para nosotros no importa el monto, puede ser hasta $ 1, lo atendemos. El momento en que ya se presente el reclamo ante el defensor, nosotros en 3 días le decimos si está aceptado el trámite o no. Si se acepta el trámite, tenemos luego 30 días para emitir un pronunciamiento, en el cual debemos indicar si es favorable o no para el cliente.

¿Qué facultades da el nuevo Código Monetario a los defensores del cliente?

En el Código se indica que habrá un defensor, pero existen ciertos reparos. Hay que fortalecer más esta figura en el Código, porque es la primera instancia que va a tener el cliente en la banca.

Todavía existe que el defensor pueda atender reclamos, pero también la Superintendencia. La SBS como organismo de control también podrá ejercer la defensa, así como nosotros; aquí hay una duplicación de funciones. En el nuevo Código también se indica que hay una posibilidad de que los clientes puedan ir al defensor o a la Superintendencia.

Al tener a 2 entes que los defiendan, los clientes estarían mejor atendidos…

El usuario va al banco y luego se salta del defensor y se dirige a la Superintendencia; este organismo hará lo mismo que nosotros, como pedir documentación, archivos; hacer el expediente y emitir un pronunciamiento.

¿Qué más se debe tomar en cuenta en la normativa?

El nuevo Código indica que los defensores serán designados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y nosotros fuimos elegidos por el Cpccs. La norma debería indicar que los defensores tienen que ser designados por el Consejo, con veedurías y a través de impugnaciones. Todos tenemos el derecho de participar en un concurso y luego representar como defensores a los clientes. Nosotros fuimos designados a través de un concurso de méritos en un proceso eleccionario.

Además existen ciertos derechos de clientes que están muy débiles dentro del Código Monetario. Ahí yo no veo el derecho a la educación financiera, algo primordial, ya que las personas que atendemos a diario tienen escaso conocimiento del sistema. Una de las cosas importantes dentro del Código es que se debe respetar la información de clientes.

fuente Diario El telegrafo

Con el proyecto de Código Financiero, el control de las empresas de seguros pasará a la Superintendencia de Compañías (SC). ¿Cuál será el proceso?  
Hace 2 años se decidió que las empresas de seguros salgan del sector financiero porque no prestan un servicio financiero, y se optó porque los bancos ya no tengan empresas de seguros.
Al ser la Superintendencia el órgano regulador de las actividades no financieras, mercantiles y de valor resolvió que las empresas de seguros sean supervisadas por la  entidad porque tienen más relación con el sector real o el mercado de valores que con el sector financiero. Eso consta ya en el Código Monetario y se está tratando en la Asamblea. Y, de acuerdo con la disposición transitoria del Código, sería después de un año de su publicación en el Registro Oficial que tanto la Superintendencia de Bancos (SBS) como la SC debemos transferir toda la información. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO)

¿Qué datos tiene la SC sobre la realidad de las aseguradoras?
Hasta fin de año tienen que fortalecerse patrimonialmente algunas empresas. Entiendo que algunas están en proceso de fusión y hay reformas a las normas de reservas técnicas. Muchas empresas deberán liquidarse o fusionarse porque hay una exigencia patrimonial importante. También hay empresas que hacen intermediación porque el seguro  realmente lo presta el reaseguro.

Mientras avanza ese proceso, ¿qué harán para evitar nuevos casos como el de Seguros Bolívar?
Lo de Seguros Bolívar es un tema aparte de este proceso y le corresponde a la SBS hacer el análisis. Conozco que la investigación les tomó 2 años.

¿Hasta tanto intercambian información con la SBS?
Todavía no hemos cruzado información. Primero hay que ver si la Asamblea acepta ese cambio, no me puedo adelantar, pero me estoy preparando para tener  la estructura ejecutiva que me ayude a supervisar ese tipo de compañías.

La aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario en marzo pasado mejoró la capacidad de control de la SC. ¿Hay resultados?
La ley tiene una fortaleza enorme que es la transparencia, mayor información al ciudadano. Además la constitución electrónica de compañías porque la ley permite que ciertos actos societarios de índole privada ya no tengan que ser aprobados en la SC. Eso permite crear compañías  o aumentar  capital en un día.
También hay figuras en el mercado de valores que se han implementado. Las bolsas de valores ya no serían sociedades sin fines de lucro sino anónimas: con nuevos incentivos para quienes inviertan en el mercado de valores y total accesibilidad a información de las compañías mercantiles. A partir de esta ley hemos publicado en la web todo: datos generales, accionistas, balances. El ciudadano o los inversionistas tienen información de la que antes no disponían y pueden tomar una decisión, o saber si son empresas de papel o reales.

¿Cómo transparentan su información las empresas?
Las compañías digitalizan sus balances e ingresan la información al sistema, proporcionado por la SC y una plantilla, así son responsables de lo que suben. Las multas han subido para quienes  colocan balances falsos y el caso se puede ira la Fiscalía.

¿Gracias a ese sistema la SC notificó que más de 5.000 compañías están inmersas en causales de disolución?
Sí. La SC hizo una inversión tecnológica importante que identifica a las compañías con pérdida patrimonial. La ley estipula que si  tienen más del 50% de pérdida del patrimonio, entran en causal de disolución. En junio de este año el sistema arrojó que 5.425 compañías están en esa situación y ya las notificamos. Hicimos ciertos análisis porque muchas compañías no están necesariamente en causal de disoluciónporque registran una pérdida, pero tienen cuentas por cobrar, entonces pueden cruzar esas cuentas y salir de la causal.
La ley no da plazo y si usted tiene esa pérdida debe disolverse; sin embargo, nosotros consideramos que  debe existir un plazo de 30 días para el derecho a la defensa, para presentar los descargos, porque puede ser que el contador se equivocó o que se tenga cuentas por capitalizar. De hecho, hoy (martes) recibimos información y un 30% de las empresas notificadas subsanó la pérdida.

¿Y qué ocurre si por 2 años consecutivos reportan pérdidas?
Muchas compañías también arrojan pérdidas, quizás para no declarar utilidades y no pagar a los empleados. En esos casos, el sistema nos ayuda mucho porque estamos trabajando con el SRI. Eso obliga a los contadores, que estaban acostumbrados a no presentar los balances o hacerlo mal, a esforzarse. Y las compañías que ya no operan deben liquidarse.

Entre esas 5.000  empresas notificadas está Edimpres S.A (Diario HOY). ¿Cuál es el proceso?
Edimpres S.A. es una de las empresas de diario HOY y está en causal de disolución por pérdida  patrimonial. Tiene 30 días de plazo para subsanar la pérdida, como el resto de empresas.

¿Y si no cubre ese déficit?
Entraría en liquidación, de oficio, porque es un incumplimiento a la ley. Cuando es de oficio la SC nombra un liquidador que hace un balance inicial, revisa los activos y pasivos, sobre todo el pasivo laboral, que es el que más nos interesa. Se hacen publicaciones por la prensa y hay que esperar 20 días para que los  acreedores presenten los títulos e inicie el proceso de liquidación. Ahora, aún en ese proceso, la compañía  puede reactivarse si aumentan el capital.

fuente diario el Telegrafo

El proyecto de Código Monetario y Financiero, que será debatido la siguiente semana en la Asamblea, “no constituye una herramienta para salir de la dolarización”, afirmó ayer Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, durante la socialización de la normativa con representantes de la banca pública y privada en Guayaquil.

La aclaración de Rivera fue en respuesta a lo dicho por César Robalino, titular de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en el sentido de que el documento, de 516 artículos, no es compatible con el esquema financiero actual y que contiene aspectos reñidos con la Constitución, por considerarse a la banca como un servicio público.

Según Rivera, el proyecto especifica que las operaciones financieras de la banca se realizan con el dólar como única moneda. El artículo 92 dice que “todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables, realizados en la República del Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América”. (LEA EL PROYECTO DE CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO)

Durante su intervención Robalino mencionó otros aspectos en los que el sector no está de acuerdo,  entre ellos el direccionamiento de los créditos y el manejo de la liquidez por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, como ente rector. El directivo aseguró que restringiría el movimiento de depósitos y que causaría un debilitamiento en el sistema financiero privado.

El proyecto busca fomentar los créditos a través de incentivos que deberá establecer dicha junta una vez que entre en funciones. “Y para ello necesitamos tener mayor capacidad regulatoria”, dijo Rivera, aunque descartó que el organismo decida por el banco a quién entregar un crédito y por cuánto.

El objetivo -dijo- es que la banca coloque créditos a más largo plazo, y para ello se están desarrollando herramientas que permitan hacerlo, pues un préstamo a un año no permite la actividad productiva.
“Una maquinaria no se amortiza en un año”, señaló Rivera.

Entre tanto, el presidente de la ABPE expresó que los bancos privados no pueden dar créditos por 20 años porque correrían el riesgo de perder liquidez. Por ello pidió a los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea que tengan en cuenta sus observaciones, pues de lo contrario se verían imposibilitados a futuro de entregar los créditos productivos que espera el Gobierno.

La reunión, que comenzó a las 09:00, se prolongó hasta pasado el  mediodía y en ella estuvieron presentes también representantes de los sectores productivos, quienes se mostraron contrarios a definir a la banca como un servicio público y al direccionamiento de los créditos.

Facultades del ente regulador

Para Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros (SBS), la intención del Gobierno de fomentar la producción es positiva, pero quedará bajo el criterio de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera hacerlo con responsabilidad. Durante su exposición Solines propuso varios puntos ante la Comisión: uno de ellos que sea la Junta de Política y Regulación Monetaria el ente encargado de decidir tanto la creación de una entidad financiera, como su liquidación forzosa. Tal como está ahora, el proyecto establece que el cierre esté en manos de la SBS.

Sobre la supervisión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), como banca pública, Solines se mostró de acuerdo con que esta sea compartida entre la Superintendencia de Compañías y la SBS, de modo que cada uno regule según su campo de acción.

Robalino expresó su preocupación por los poderes otorgados a la Junta, los que calificó de extraordinarios y que el texto del Código da lugar a que se podrán utilizar las reservas de liquidez bancaria haciendo uso de las herramientas que otorga el código. Esto -dijo- “supone para el sector un riesgo y una amenaza real”.

Se estima que luego de la socialización, el informe elaborado por la comisión esté listo el sábado para entrar a debate a más tardar el martes de la próxima semana.

El código reordenará los sistemas monetario y financiero, así como el régimen de valores y seguros del país y propone 10 ejes principales, entre ellos un régimen de sanciones.

DATOS

El borrador del Código Monetariodescribe las reglas para fusiones, conversiones, asociaciones, traspaso de activos, inversión extranjera, solvencia y prudencia financiera.

Todos quienes conforman el sector de seguros tendrán obligatoriamente un control interno a cargo de un auditor  calificado por la Superintendencia de Compañías,Valores y Seguros.

Entre las leyes que serán dadas de baja están la de Reordenamiento en Materia Económica, de Instituciones del Sistema Financiero, y de Transformación Económica del Ecuador.

La Junta de Regulación estará conformada por el Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas, el Secretario Nacional de Planificación, el Ministro Coordinador de la Producción y un delegado del Presidente.

fuente Diario El Telégrafo