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Cuatro de las cinco preguntas de la consulta popular, las del segundo cuestionario que trata sobre temas generales, tienen un concepto en común: la libertad del ciudadano y las limitaciones que sobre ella es capaz de ejercer un Estado. Si el sí gana en las urnas, a la Asamblea y a los cabildos cantonales le espera una lista de reformas legales y ordenanzas por debatir. En adelante, las personas tendrían que dar fe de la procedencia de todos sus bienes si no quieren ser acusados, por omisión, de enriquecimiento privado no justificado. Los casinos y juegos de azar estarán prohibidos, dado el repentino interés que ha puesto el Gobierno por atacar la ludopatía. Las corridas de toros o las peleas de gallos son espectáculos vibrantes y polémicos; pero del gusto de grupos minoritarios, quienes dejarán de acudir a estos espacios por la decisión de las mayorías en las urnas. La aplicación de los resultados será en el ámbito jurisdiccional.“Estas preguntas son confusas y luego se convertirán en disposiciones legales secundarias”, dice el constitucionalista Milton Castillo, quien sostiene que en el fondo lo que pretenden es hacer del Derecho Penal una herramienta de control del Estado sobre temas que no son trascendentales. Con él coincide el sociólogo Wladimir Sierra. “Los burgueses-liberales dirán que las preguntas violan los derechos de libertad, los socialdemócratas dirán que es preferible que el Estado se preocupe más por la educación de su gente antes que por estas restricciones”.