La supresión de los privilegios a la banca van a la sociedad
Se quedaron con las ganas de un proyecto de ley que confiscara las utilidades. Ya estaban analizando con sus onerosos abogados (70 millones de dólares en remuneraciones de 2011) los juicios en cortes internacionales. No preveían que la ley tocaría privilegios valiosos para los banqueros.
El proyecto de Ley de Distribución del Gasto Social establece una conexión entre el retiro del beneficio de los 10 puntos porcentuales de Impuesto a la Renta (IR) y el establecimiento de tributos a los fondos e inversiones en entidades extranjeras y subsidiarias en paraísos fiscales para que ofrezcan más créditos productivos sin exenciones de algún tipo, ya que esa es su función como intermediadores financieros.
La relación es considerable. Debe existir un desincentivo claro para no tener los fondos en el exterior. La función más importante, y que debe ser única en esta nueva forma de desarrollo de la economía, es la de estar insertada con el sector productivo y ayudar a impulsar los sectores estratégicos identificados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Para ello el Estado y la propia Banca privada deben solucionar la mayor distorsión (estructural), identificada en nuestra edición anterior, como la alta participación de los depósitos a la vista en el total de las obligaciones con el público.
Para ello se debe enfatizar en una regulación de las tasas pasivas. Hay que recordar que actualmente las únicas tasas que están reguladas son las tasas activas. La ley de julio de 2007 hace mención a la regulación del costo máximo del crédito, no se refiere nada a las tasas pasivas.
La obligación de las instituciones financieras es solo de presentar información de sus operaciones pasivas al Banco Central del Ecuador (BCE). Por eso, cuando su directorio reguló las tasas de interés y las llevó hacia abajo, todavía el spread financiero era muy alto tanto así que en el 2011, éste llegó a ser de 1.200 millones de dólares.
El proyecto de ley también contempla una obstrucción a un posible acomodamiento contable para que en el próximo periodo (2013) no aparezcan una utilidad muy reducida o supuestas pérdidas. Bastaba, inflar gastos, como el de personal, para achicar las utilidades. Es una gran certeza de la ley, no solo para evitar que inflen gastos sino también para eliminar la enorme brecha el sueldo de un cajero y un alto ejecutivo. Hasta que la ley permitirá socializar las ganancias.
fuente Diario El Telegrafo