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Los altos niveles de inseguridad en el país hacen que el poder político vea en la reestructuración y reorganización de la Policía Nacional una de las aristas del problema que deben cambiar drásticamente para mejorar la realidad en esta área. Por ello, el Gobierno, representado en los ministerios Coordinador de Seguridad y del Interior, planea a través de un decreto ejecutivo reorganizar el trabajo de la Policía, incorporando una rama civil para investigar el delito en el país. Este decreto se firmaría en el plazo de un mes, según Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad, lo que significa que el Ministerio del Interior tendrá dos grandes brazos: la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Investigaciones. El comandante general se transformará en director de la Policía uniformada. Este oficial estará a cargo de los 38.860 policías operativos que están repartidos a nivel nacional.
Actualmente, la Policía Judicial (PJ) se encarga de ejecutar la tarea investigativa de los delitos bajo órdenes de la Fiscalía y el Poder Judicial. Alrededor de 3.600 uniformados operativos realizan este trabajo. Estas acciones del Gobierno son previas a la Ley de la Policía Nacional que también la elabora el Ejecutivo para su envío a la Asamblea Nacional. El ministro Arellano justifica todas estas medidas porque asegura que la impunidad en el país está dada por “jueces que han caído en actos de corrupción, de fiscales que no les ha dado la gana de trabajar y por la PJ que es una vergüenza para la Policía”.