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En Guayas el delito de la usura se oculta en la compraventa de joyas
En el local de compraventa de joyas La 17 ubicado en la calles 17 y Portete, en el noroeste de Guayaquil, un papel anaranjado anuncia que está clausurado. Fue cerrado el pasado martes, por el presunto delito de usura. Una situación fortuita permitió a la Policía dar con el negocio. Un menor, empleado de una lavadora ubicada en otro sector de la urbe, fue detenido por el hurto de dos joyas a uno de los clientes. Tras ser detenido, el adolescente confesó que había vendido las prendas en el local de compraventa de la calle 17. Durante el allanamiento, los policías de la Brigada de Delitos Misceláneos hallaron las joyas robadas y otras prendas de oro. Cinco personas, entre ellas cuatro extranjeros, fueron detenidas en el operativo. Los administradores del local son investigados por no justificar la tenencia de las joyas presuntamente robadas, pero también por supuestamente cobrar intereses por encima de las tasas fijadas por el Banco Central.
Los datos no especifican en cuántas denuncias están involucradas las denominadas casas de compraventa de joyas. Sin embargo, en tres operativos realizados este año en estos locales la Fiscalía presume se cometía usura. Para la Policía, detrás de su fachada de locales de compraventa, muchos de estos negocios ocultan dos ilícitos: la compra y almacenaje de objetos robados, y la usura. “Con el último allanamiento en el Suburbio pudimos constatar los dos delitos”, menciona el capitán Kléver López, jefe de la Brigada de Delitos Misceláneos de la Policía Judicial del Guayas.
La usura es un delito menor en Ecuador y no tiene sentenciados
Los 40 chulqueros estuvieron encarcelados apenas cinco meses y salieron libres en diciembre pasado. Esto ocurrió pese a que el 2 de julio, la Policía presentó evidencia que -según los agentes- demostraban el ilícito. Pero ayer, Javier Bosques, fiscal que siguió el caso, señaló que en contra de 20 no se hallaron responsabilidades. El resto también salió libre, aunque tienen medidas sustitutivas: deberán presentarse cada 30 días en la Fiscalía y realizar cursos de preparación en el Servicio de Capacitación Profesional (Secap). Pero la semana pasada, una vecina de Chillogallo (sur de Quito) vio que uno de los liberados volvió a sus actividades: cobrar a la gente por los préstamos diarios. Por las misma causas, la juez XXIII de flagrancia, Tania Molina, cree que será difícil llegar a sentencia en contra de dos chulqueras que hace tres semanas fueron detenidas tras descubrir que se dedicaban a la usura en los mercados populares de San Roque y Central, en Quito.