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La propuesta del Ejecutivo es que el sector podrá colocar el 54% de los 300 millones de dólares que se requieren para el incremento, y el 46% restante provendrá de ajustes en el Presupuesto General del Estado. Para ello se elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, que se encuentra en proceso de análisis y debate en la Asamblea Nacional y que involucra a tres leyes a fin de que los bancos privados paguen más tributos para elevar este aporte económico de 35 a 50 dólares.

En este contexto, el proyecto de Ley suprime la reducción del 10% de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR) sobre el monto reinvertido en activos productivos para las instituciones financieras privadas, lo que ha generado cuestionamientos desde los banqueros porque consiste en una afectación directa hacia sus intereses. Varios representantes del sector bancario expresan dudas acerca del impuesto argumentando que no se haya implementado lo mismo con el sector industrial, sin embargo, no han considerado que su aporte a la economía no es tan grande como el que realizan los otros sectores productivos, razón por la que el Gobierno decidió que la imposición se realice solo al área financiera.

El tributo no afectará a la economía real, que es la generadora de empleos y recursos para el país y que se relaciona directamente con el aparato productivo, sino que incide en el sector bancario, cuyas funciones son las de almacenar el dinero de las 7 millones de cuentas registradas en el sistema financiero y redistribuirlo. No obstante, se ha manejado la idea de una posible corrida de depósitos, argumentando que de ser aprobada la Ley desestabilziará a la banca, como advirtió en varios medios de comunicación Abelardo Pachano, presidente de Produbanco: “El sistema financiero ha estado sometido a un acoso persistente desde el inicio de este Gobierno, y con este proyecto realmente quebrarían las buenas costumbres y principios sanos con los que ha logrado recuperar el infortunio del que salió en el año 1999 y del que no tiene tampoco ninguna responsabilidad”.

Ello fue desmentido por la ministra de la Política Económica, Jeannette Sánchez, al afirmar que “las medidas no afectan a los depositantes; su dinero, está asegurado. Lo que se busca es proteger a los sectores más pobres del Ecuador, con base en el ajuste de impuestos a los más ricos”. Actualmente, la banca registra un índice del 16% al 20% de rentabilidad sobre su patrimonio (ROE). “Los niveles de liquidez y solvencia de la banca privada son adecuados e incluso superiores a las exigencias que tiene la autoridad de control”, afirmó Sánchez, y agregó que los banqueros seguirán ganando una buena rentabilidad, que incluso puede ser mejor si ellos ajustan su gestión y mejoran su eficiencia.

En la misma línea, se establece que, para determinar el anticipo a pagarse con cargo a los ejercicios fiscales corrientes, las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito paguen el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior, pudiendo este porcentaje reducirse hasta el 1% por medio de un decreto ejecutivo.

Esta sería una fuente directa de financiamiento para el incremento del BDH puesto que el dinero provendrá de un tributo adicional que tendrá que cancelar la banca, por ello, la información relacionada con las utilidades que obtengan durante los ejercicios fiscales deberá ser registrada en los archivos del Servicio de Rentas Internas (SRI). Con ello, se podrá ubicar y definir quiénes son los deudores del Estado que no cancelan sus obligaciones tributarias pese a tener la capacidad económica para hacerlo.

Se establece, además, la supresión del beneficio de no considerar en el cálculo del anticipo del IR los activos monetarios de las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. Este anticipo se calcula de la suma del 0,2% del patrimonio total, el 0,2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del IR, el 0,4% del activo total y del 0,4% del total de ingresos gravables, pero para las instituciones financieras existe una exensión, pues no se considera en el cálculo a los activos monetarios. Estos activos se conceptualizan como el dinero disponible que tiene la banca para destinarlo a diversos fines como inversiones en sí mismas, créditos y colocaciones de capital.

La banca realiza una resta entre el total de activos y los activos monetarios, de cuyo resultado se saca el 0,4% que es el porcentaje correspondiente a lo gravable, pero con esta Ley no podrían realizar esa operación. En 2011, el total de activos de la banca superó los 23.865 millones de dólares y los monetarios alcanzaron los 4.821 millones, con lo que se pagó el 0,4% de 19.044 millones. La Ley busca generar un mayor valor al anticipo.

Asimismo se suprime la tarifa cero de los servicios financieros en relación al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que implica que varias de estas prestaciones podrían aumentar sus valores por el pago de este tributo. Por otra parte, y como un acuerdo al que el Gobierno llegó con representantes del sector empresarial, se establece que los pagos por el impuesto a la salida de divisas (ISD), susceptibles de ser considerados como créditos tributarios para el pago del IR y que no hayan sido utilizados, puedan ser devueltos por parte de la administración tributaria al contribuyente por medio de la emisión de notas de crédito negociables en cualquier momento, que puede ser utilizado para pagar el impuesto a la renta. Esto se configura como un beneficio para el sector empresarial puesto que se constituye como un ahorro para los sectores productivos.

Pese a que no se contempló una devolución del ISD en el momento de la implementación de este tributo, el Gobierno acogió la petición empresarial realizada en una reunión que mantuvo con representantes de esta área económica en agosto pasado. Además se propone que entre las atribuciones de la Junta Bancaria se incluye la fijación de un monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las entidades que se encuentran bajo su control.

fuente Diario El telegrafo

La denuncia la recepta la Subdirección de Atención al Usuario (SAU), área enfocada a proteger los derechos de las personas naturales y jurídicas frente a las instituciones controladas.

Un total de 4.471 reclamos contra el sistema financiero se ha  registrado en los últimos tres años en la SAU de la Superintendencia de Bancos. De acuerdo al informe legal de la Subdirección hasta el momento hay 847 denuncias.

La mayor cantidad de reclamos es por el cobro “indebido” por el uso de tarjetas. Según la Asociación Ecuatoriana de Bancos Privados, en el país existe un promedio de 2’200.000 tarjetahabientes.

Pero los reclamos de los ciudadanos no se quedan únicamente en la Subdirección de la entidad, sino que se han extendido a la Defensoría del Pueblo, que durante  10 meses del año ha recibido 403 denuncias contra 95 instituciones públicas y privadas, que tienen relación con la banca.

Miriam Córdova, quien utiliza la tarjeta Cuotafácil, que pertenece al Unibanco, señaló que en más de una ocasión le han cobrado intereses por encima de lo permitido y que desde el pasado mes, sin previo aviso, los bancos cambiaron la fecha para pagar los créditos que se obtienen con las tarjetas.

Similar criterio tiene Irene Zavala, que anteriormente cancelaba el saldo de su tarjeta cada 24 y ahora son los primeros tres días del mes, lo cual la afectó económicamente.

Según la SBS, los ciudadanos tienen derecho a presentar su reclamo a esta entidad  siguiendo el procedimiento para la atención de los reclamos contra las instituciones del sistema financiero, contemplado en las normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

En la resolución de la Junta Bancaria Nº JB-2012-2208 se determinó en el capítulo V, artículo 15: “La  obligatoriedad  del establecimiento de que el precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado; y, que toda oferta, promoción, rebaja o descuento vigente para el pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en conocimiento del tarjetahabiente de manera oportuna y adecuado, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa  lo contrario”.

fuente Diario El Telegrafo

Los componentes del índice tuvieron un comportamiento similar con respecto al resultado agregado del ICC-BCE, el Indicador de Situación Presente (ISP) bajó a 0,7 puntos y en igual magnitud el de Expectativas Futuras.

Al hacer una comparación interanual, el ICC-BCE de septiembre es mayor en 1,6 puntos al registrado en el mismo mes de 2011, superior en 3,9 puntos al observado en 2010, y mayor en 6,1 puntos con relación al ICC de septiembre de 2009.

El mes pasado, el indicador disminuyó en los hogares de cuatro de las cinco ciudades investigadas, el ICC aumentó en 0,8 puntos solo en Machala.

La confianza del hogar es menor a medida que aumenta la edad del jefe del hogar. En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor para los hogares cuyos jefes son menores a 30 años fue de 47,4 puntos, lo que representa una diferencia de 6,5 puntos con respecto al puntaje obtenido por aquellos hogares cuyo jefe tiene más de 65 años (40,9).

El ICC se construye como un promedio ponderado del Índice de Situación Presente y del Índice de Expectativas. Este indicador se encuentra entre 0 y 100 puntos.

Al ser un índice, el valor obtenido en sí mismo carece de unidad de medida, pero adquiere importancia cuando se lo compara con los datos históricos obtenidos, de esta manera se puede establecer si la Confianza del Consumidor aumenta o disminuye.

El ISP se elabora en base a tres preguntas: 1) ¿En relación al mes anterior la situación económica de su hogar es?, 2) ¿En relación al mes anterior el consumo de su hogar en entretenimiento es?, 3) ¿En relación al mes anterior la situación económica del país es?

fuente Diario El Telegrafo

La directora de la Unidad de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador (BCE), Ulda de la Torre, señaló que los mayores acreedores de la banca cerrada podrán usar sus certificados de depósito para participar en subastas y remates públicos.

También los acreedores que se encuentran fuera del país deberán otorgar un poder notarizado o legalizado en algún Consulado para su cobro en Ecuador.

El lunes inició una nueva fase de pago a acreedores de depósitos de los bancos cerrados en 1999. Un paquete que supera 12 millones de dólares saldará la deuda histórica de la banca privada de unos 82.800 acreedores.

fuente Diario El Telegrafo

Cada depositante en toda institución financiera cuenta con un seguro de depósitos que garantiza hasta  30.000 dólares y a este derecho accede el cliente el mismo instante en que abre una cuenta en entidades bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Según datos de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede) son 81 las instituciones financieras que están amparadas bajo el Seguro. A inicios de octubre de 2009 comenzó con $ 186 millones 487 mil y para agosto del 2012  alcanzó $ 567 millones 438 mil.

El monto máximo de cobertura del seguro es de $ 30.000 por persona e institución financiera. Al momento se contempla que son 9’700.000 depositantes.

La cobertura del seguro de depósitos es del 99% para los depositantes del sistema financiero privado que tienen saldos menores o iguales a los 30 mil dólares. Solo el 1% de los depositantes tiene  cobertura parcial.

Miguel Ruiz, presidente del directorio de Cosede, informó que el Fondo del Seguro de Depósitos se encuentra constituido por: aporte inicial del Fondo Especial de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), de las instituciones del sistema financiero, rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del Fondo del Seguro de Depósitos y donaciones.

Además del aporte proveniente de préstamos o líneas contingentes obtenidos para el financiamiento de sus actividades, ingresos de derivados del pago de multas por incumplimientos del régimen del seguro de depósitos; y,  depósitos que no hubieren sido reclamados y que permanecieren inmovilizados por más diez (10) años.

Los tipos de seguros que están cubiertos corresponden a: depósitos monetarios, intereses de depósitos, ejecución presupuestaria, depósitos de instituciones de encaje, cheques certificados, depósitos de ahorro y fondos de tarjetahabientes.

En términos comparativos el Fondo equivale al 71.35% del patrimonio contable de la mayor institución financiera del país. Al 105% del patrimonio contable de total de cooperativas, el 1139% de mutualistas; y 502% de administradoras.

fuente Diario El Telegrafo

Durante una reunión de trabajo, realizada la anterior semana, Yasunobu Ono, gerente general de la compañía, explicó a la subsecretaria de Industrias, Silvana Peñaherrera, los alcances de este proyecto siderúrgico en los sectores industriales  petroquímico, químico, textiles, etc.

El representante nipón mencionó la posibilidad de que el Japan Bank For International Cooperation (JIBC) pueda financiar una planta siderúrgica en su totalidad. “La compañía  ha participado en la construcción de varias plantas con alta experiencia y alta tecnología”, comentó.

La funcionaria consideró que es  fundamental y estratégica implementar una industria siderúrgica en Ecuador. “Este proyecto contribuiría a fomentar y diversificar la producción nacional. Se tienen indicios de que el país necesita productos planos altamente requeridos por los sectores petrolero, automotriz y de la construcción”, expresó Peñaherrera.

fuente Diario El Telegrafo

Con la aprobación del Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, la Junta Bancaria sería la encargada de establecer el monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control.

Actualmente el organismo está conformado por el superitendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines; la gerente general del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui; los representantes del Presidente de la República: Vicente Franco y Andrés Martínez; y la economista Melania Mora Witt, quien fue nombrada por los otros cuatro integrantes, pero durante la administración de la ex superintendenta Gloria Sabando.

Entre las funciones de la Junta Bancaria está el “formular la política de control y supervisión del sistema financiero, aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de la remoción de sus administradores”. También podrán “solicitar al Superintendente de Bancos y Seguros la expedición de una resolución que fuere necesaria”.

El sábado pasado el presidente Rafael Correa denunció que  hay banqueros que ganan   900 mil  dólares anuales (es decir $ 70 mil al mes o 2.000 dólares al día), a lo que calificó como “una forma de hacerles trampa a los trabajadores.

Con los sueldos exageradísimos de ciertos ejecutivos de la banca se perjudica las utilidades, se perjudica al Estado porque pagan menos impuestos y se perjudica a sus trabajadores porque participan menos en la distribución de las utilidades”.

La observación surge a partir de un análisis de las utilidades que percibe la banca, que en los últimos seis años llegó a los 1.644 millones de dólares netos. En ese debate, los empleados de la banca prefieren no pronunciarse públicamente por temor a represalias, mientras que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que cobija a 17 de las 26 instituciones financieras que operan en el país, aún prepara un pronunciamiento oficial  sobre el tema.

Una colaboradora de Banco Pichincha comentó que para formar parte de la institución es necesario superar un proceso de capacitación durante un mes -que no tiene remuneración- de acuerdo al área  de desempeño. A partir del segundo mes recibió el salario básico estipulado por la institución que bordea los 450 dólares mensuales hasta que logró ascender. Actualmente sus ingresos alcanzan los 900 dólares.

Y frente a la reforma planteada por el Ejecutivo, la funcionaria asegura que existe preocupación entre sus compañeros porque se habla de una reducción de sus utilidades y del riesgo a perder sus empleos.

Una de sus compañeras confirmó que actualmente percibe un sueldo mensual de 450 dólares más un bono de 100 dólares por alimentación, y como beneficio adicional tiene seguro médico privado, uniformes y guardería para su hija. No obstante, según las cifras reveladas el sábado por el Primer Mandatario, un alto ejecutivo de la entidad percibe un ingreso mensual aproximado de 37.000 dólares.

IVA no se cobrará a usuarios

Otra de las reformas planteadas por el proyecto de ley es gravar con el 12% del IVA a los servicios financieros, valor  que estará incluido en el costo de cada operación y no constituirá  un recargo para el usuario. Cabe anotar que es la Junta Bancaria y no cada entidad la que los fija. La última resolución fue emitida el 1 de octubre pasado y reguló 17 servicios hasta fines de este año.

Es así que el retiro de efectivo de un cajero automático cuesta 50 centavos, de los cuales el banco recibiría 44 centavos por gastos operativos y el Estado 6. La impresión de la consulta de saldo en el cajero automático cuesta 35 centavos, de los cuales 30 irían a la entidad bancaria y 5 al Estado. La emisión de un cheque tiene un costo máximo de 30 centavos, de los cuales 26 quedarían en el banco y 4 irían al Estado.

El tema salarial para los ejecutivos de la banca y la aplicación del IVA a los servicios financieros son dos de los cinco aspectos que incluye  el proyecto de reformas, con lo cual el Estado estima recaudar 164 millones de dólares para financiar el 54% del incremento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares. Para ello se requieren 300 millones de dólares, por lo que el resto lo financiará el Estado mediante una reprogramación fiscal.

fuente Diario El Telegrafo

Carrasco también dijo que la confidencialidad de las cuentas de los depositantes se mantendrá en reserva y será responsabilidad de la institución tributaria. “Vamos a buscar ingresos reales de los contribuyentes. Naturalmente lo que ocurre es que la confidencialidad de dicha información le corresponde al banco en un primer momento y una vez que nos entregan a nosotros la información, es responsabilidad nuestra y no pública”.

Añadió que en el país existen 8’812.822 cuentas, según la Súper de Bancos; no se pedirán los detalles de todas las cuentas, sino de las que suscitan o representan un riesgo.

Con las reformas, dijo el director del SRI, la banca estará obligada a “darles información, porque nadie tiene que ocultar y de qué preocuparse”.

fuente Diario El Telegrafo

Para estimación del monto aprobado, la entidad financiera tomará en cuenta hasta el 40% de la pensión por los años plazo (máximo 5 años) a los que desee realizar el crédito quirografario. Actualmente existen 15.367 jubilados por discapacidad y 330.507 beneficiarios de Montepío.

fuente  Diario El Telegrafo

“En las calles de Marcella (España) me enteré de que había cerrado El Progreso y luego La Previsora, absorbido por Filanbanco, que también quebró. En ambos bancos tenía ahorros. Hace apenas dos años decidí regresar al país y no  sabía cómo cobrar mi dinero, hasta que escuché, en la mañana, en radio Cristal, que solo con la cédula podía cobrar mis acreencias. Y aquí estoy”.

Así se expresó doña Mercedaria Nacipucha, sexagenaria, quien llegó acompañada de su nieto a las oficinas de la sucursal mayor del Banco Central en Guayaquil con la finalidad de  cobrar lo que había depositado en las mencionadas instituciones. “Esa platita la tenía en sucres y realmente no sé cuánto es el monto ahora. Fue hace tanto  tiempo”, dijo la acreedora de la banca cerrada, mientras empuñaba su cédula y abrazaba a su sobrino.

Desde ayer el Banco Central del Ecuador como cesionario de los activos de las instituciones financieras liquidadas y al haber obtenido recursos de la liquidación, a través de la gestión de recuperación, decidió cancelar en 9 instituciones financieras a los acreedores de los siguientes bancos: Filanbanco, Progreso, Crédito, Banco Mercantil Unido, Intermil, Unifan, Valorfinsa, Finiber y Coop. 8 de Septiembre.

El proceso de pago se inició ayer y se extenderá en orden alfabético hasta el 27 de noviembre. Quienes tengan acreencias en las 9 instituciones financieras mencionadas que están en liquidación forzosa deberán acudir con su cédula a las oficinas del banco del Pacífico a nivel nacional o a las dependencias del Banco Central del Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

La lista proporcionada por el Banco Central es de 82.815 acreencias. Sin embargo, en el primer día, hasta las 12:00, apenas una persona había acudido a la ventanilla del Central en Guayaquil.

El valor a devolver es de 12’883.511 dólares, señaló un comunicado del ex órgano emisor, tras reiterar que  este procedimiento permite cumplir con los ecuatorianos que fueron perjudicados en el salvataje bancario, honrando el pago de los valores que les fueron retenidos contra su voluntad.

El acreedor deberá verificar en la página Web del Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec «Pago acreedores banca cerrada», la institución a la cual deberá acercarse al cobro. La página virtual tiene dos archivos: uno con información de los acreedores que deberán efectivizar su cobro en las ventanillas del Banco del Pacífico; y otro archivo con la información de los acreedores habilitados para el cobro directamente en el Banco Central.

En el caso de la Cooperativa 8 de Septiembre, quienes figuren en el listado del cronograma de pagos deberán concurrir al Banco Central para efectivizar el cobro de sus acreencias.

El anuncio del pago motivó que personas de otros bancos que no constan, por el momento, en el listado presentado acudan a verificar la fecha de cuándo cancelarán su acreencia. John Sarmiento acudió a las oficinas que el Banco Central mantiene en el edifico del ex banco La Previsora. A él le deben 250 mil sucres del banco de Los Andes. “Sé que a la fecha es poco y serán unos 10 dólares, pero en el tiempo que me retuvieron mi dinero era casi la mitad de un sueldo básico”.

El Banco del Pacífico realizó ayer el pago a 5 acreedores de cuatro provincias del país. Cuatro acreedores tenían relación con el antiguo banco Filanbanco y uno del Progreso. La entidad financiera en total entregó 10.008, 26 dólares a dos acreedores en Quito, uno en Guayaquil,  Cuenca y en el cantón Libertad (Santa Elena).

María Eugenia Mantilla, relacionista pública de la entidad, señaló que Banco del Pacífico pagará hasta el próximo 27 de noviembre unas 31.247 acreencias que dan un total de 12’388.574 dólares.

Fuente  Diario El Telegrafo