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El mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo, salió de la sala de audiencias de la Corte de Pichincha, el martes, esposado, con el rostro triste y custodiado por cinco guías penitenciarios. El juez, Leonardo Tipán lo llamó a juicio por ser el supuesto incitador de la rebelión policial del 30 de septiembre pasado. Esta decisión generó reacciones contrarias, entre los que piensan que el caso es una persecución política y los que creen que el juicio es el espacio propicio para que Araujo explique qué hacía en los exteriores del Regimiento Quito. Jiménez dice que existieron indicios del cometimiento del delito. Este criterio es compartido por el Ministerio de Justicia, el único acusador de Araujo. Para el abogado de esa Cartera, Fernando González, la revuelta no fue motivada por temas laborales sino para derrocar al Presidente. Es la tesis que ha manejado el Gobierno desde ese día; y una de las fichas dentro de esta afirmación es Fidel Araujo. El 1 de octubre, el Régimen transmitió una cadena nacional en la cual se observaba al militar (r) en los exteriores del Regimiento Quito, hablando por su teléfono celular.
En su investigación, Jiménez tomó en cuenta los nexos de Araujo y el PSP en el dictamen. Pero la defensa ha señalado que desde hace algunos años Araujo se desvinculó de la lista 3, por lo que esa acusación es más política.
Su abogado, Édgar Pavón, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso. Esto a pesar de que la normativa internacional pide agotar las instancias judiciales del país.