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Las pérdidas de cultivos por la sequía aumentan en Manabí. El jueves pasado se contabilizaban casi 34 mil hectáreas destruidas, según un informe provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap); pero el sábado pasado la devastación alcanzaba cerca de 36.500 hectáreas, según agricultores. El análisis del Magap indicó que 59.600 hectáreas podrían perderse si continúa el déficit de lluvias, pero esa franja también va en aumento. Este año en Manabí se sembraron 146.223 ha de cultivos de ciclo corto. Constan sembríos de maíz, arroz, maní y otros. La sequía también deja pérdidas en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, en la región Costa; y en Loja y Azuay, en la serranía ecuatoriana. En menos proporción también a la provincia de Tungurahua. La situación del agro manabita se analiza hoy en Guayaquil durante una cita entre el ministro (e) de Agricultura (Miguel Carvajal) y subsecretarios del Magap para definir si es necesaria la declaratoria de emergencia para el sector agrícola. Gunther Andrade, subsecretario del Magap en Manabí, indicó que ya se alistó un plan de contingencia de $ 24,2 millones para otorgar créditos, reestructurar otros, adquirir semillas e insumos y ejecución de obras de emergencia como construcción de pozos y albarradas. Susana Dueñas, gobernadora de Manabí, declaró que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en esta provincia analiza el tema de la sequía y no descarta que exhorte a declarar el estado de emergencia por la escasez de lluvia que se ha mantenido por más de un mes. Aunque se han registrado lluvias esporádicas, “que no son suficientes para proporcionar humedad a las tierras”, dicen campesinos. En Balzar se han perdido entre el 60 y 70% de sembríos de maíz, según su alcalde Cirilo González, quien señaló que alrededor de 85 mil hectáreas de la gramínea se sembraron en el cantón. La situación adversa se repite en Palestina, El Empalme, Santa Lucía, Salitre, Daule y otros cantones guayasenses, donde a los campesinos les preocupa también las deudas contraídas con el Banco Nacional de Fomento, financista de la producción de las tierras.