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Declaratoria de emergencia para zona agrícola, en análisis
Las pérdidas de cultivos por la sequía aumentan en Manabí. El jueves pasado se contabilizaban casi 34 mil hectáreas destruidas, según un informe provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap); pero el sábado pasado la devastación alcanzaba cerca de 36.500 hectáreas, según agricultores. El análisis del Magap indicó que 59.600 hectáreas podrían perderse si continúa el déficit de lluvias, pero esa franja también va en aumento. Este año en Manabí se sembraron 146.223 ha de cultivos de ciclo corto. Constan sembríos de maíz, arroz, maní y otros. La sequía también deja pérdidas en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, en la región Costa; y en Loja y Azuay, en la serranía ecuatoriana. En menos proporción también a la provincia de Tungurahua. La situación del agro manabita se analiza hoy en Guayaquil durante una cita entre el ministro (e) de Agricultura (Miguel Carvajal) y subsecretarios del Magap para definir si es necesaria la declaratoria de emergencia para el sector agrícola. Gunther Andrade, subsecretario del Magap en Manabí, indicó que ya se alistó un plan de contingencia de $ 24,2 millones para otorgar créditos, reestructurar otros, adquirir semillas e insumos y ejecución de obras de emergencia como construcción de pozos y albarradas. Susana Dueñas, gobernadora de Manabí, declaró que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en esta provincia analiza el tema de la sequía y no descarta que exhorte a declarar el estado de emergencia por la escasez de lluvia que se ha mantenido por más de un mes. Aunque se han registrado lluvias esporádicas, “que no son suficientes para proporcionar humedad a las tierras”, dicen campesinos. En Balzar se han perdido entre el 60 y 70% de sembríos de maíz, según su alcalde Cirilo González, quien señaló que alrededor de 85 mil hectáreas de la gramínea se sembraron en el cantón. La situación adversa se repite en Palestina, El Empalme, Santa Lucía, Salitre, Daule y otros cantones guayasenses, donde a los campesinos les preocupa también las deudas contraídas con el Banco Nacional de Fomento, financista de la producción de las tierras.
Impuesto a las medicinas
A la par del reconocimiento del Gobierno de que los hospitales públicos están abarrotados, ayer la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, justificó el plan de gravar a las medicinas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA). También ratificó que se busca retomar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para licores y cigarrillos, y que se analiza poner IVA a ciertas llamadas por teléfono celular.
La funcionaria cree que solo los segmentos altos terminarán comprando o pagando las medicinas a las cuales el Gobierno quiere colocar el impuesto, porque –según ella– los sectores de menores recursos están acudiendo masivamente a hospitales públicos, y la clase media accede al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De otro lado, se aclaró que la declaratoria de emergencia de salud servirá para visualizar ciertos recursos de otros sectores de los cuales se podrían prescindir para redireccionarlos a esa área.
El Gobierno necesita $ 400 millones, de los cuales el 30% se canalizarán a través de la reoptimización del gasto. Explicó que todos los sectores del Gobierno, excepto educación y salud, podrán entrar en este proceso.