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El envío por correo de los afiches que contienen una campaña por el sí, y que fueron incluidos dentro del periódico oficialista El Ciudadano, tiene algunos sospechosos. La consejera Marcia Caicedo critica esta actitud ya que considera que la cuerda no se puede romper por el lado más débil y que es algo ilógico pensar que la entrega de afiches con propaganda oficial ocurrió por una “travesura de Jaimito el cartero”. Mientras tanto el presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, adelantó que el movimiento Alianza País sería el responsable de la circulación de esta publicidad no autorizada. Y que de ser los responsables deberán asumir los costos de producción y distribución. Además, el informe de la consejera Caicedo, donde revela una campaña anticipada por parte del Gobierno y el uso de fondos e infraestructura pública, fue analizado ayer por el Pleno del CNE.  Simon aseguró que la denuncia será investigada y que si habido uso de fondos públicos emitirán informe para que el Tribunal Contencioso Electoral y la Contraloría General del Estado tomen las medidas pertinentes. Por otro lado ya se escogió a la empresa que realizará el monitoreo a escala nacional. La ganadora fue la firma Mercados & Proyectos que realizará un monitoreo a unos mil medios de comunicación desde el 26 de marzo.

 

Han pasado cinco días desde que empezó la campaña oficial por la consulta popular y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha designado a la empresa para que realice el monitoreo en radio, prensa, televisión y vallas. Por su parte, el CNE sostiene que no tiene adjudicada la empresa debido a que el viernes a mediodía apenas dos ofertas se presentaron. Estas fueron las de las firmas En la Mira y Mercados y Proyectos. La primera presentó una oferta que sobrepasaba el presupuesto de USD 350 000 y la segunda no presentó la información completa. Además, aseguran que en las delegaciones provinciales los funcionarios sí están realizando el monitoreo de los medios locales. A más de esta falta de monitoreo oficial, existe otro tema que como reconocen Caicedo y Camacho presenta un gran vacío legal. Es el control a medios en las plataformas de Internet.

Una comisión de miembros del organismo es la encargada de analizar los planteamientos de las empresas interesadas en participar, dijo Cortez, y que estará integrada por Carlos Coronel, Ramiro Arroyo, Álex Guerra y Fabricio Cóndor, según una resolución de la entidad del 23 de marzo pasado. Este último funcionario, director de Fiscalización y Financiamiento del Consejo Electoral –dependencia que realiza el control por el momento– indicó que están en el proceso de contratación y, a través de las delegaciones provinciales, el personal está haciendo el monitoreo. Manifestó que esta tarea se ha venido realizando de forma continua. “Está en proceso el tema de la contratación de la empresa, entonces ya ellos (la empresa seleccionada) con más infraestructura puede hacer una cobertura más grande”. Indicó que a través del sistema de promoción electoral, una vez que las organizaciones políticas tengan las claves, el CNE registrará la información que se paute en los medios de comunicación. “Podemos conocer en qué medio, en qué condiciones, qué tarifa, a qué hora, el número de spots, de cuñas en cada emisora, si en Quito, si en Guayaquil, si en Loja, si es en El Oro”, aclaró.

Partidos políticos y movimientos sociales adelantaron su campaña por el Sí y el No en la consulta popular que se realizará el próximo 7 de mayo. Pese a que el periodo para hacer proselitismo se iniciará oficialmente pasado mañana –y concluirá el 4 de mayo– varias organizaciones se dedicaron con más fuerza desde el inicio de esta semana a difundir sus criterios de apoyo o rechazo. Los recorridos que desde hace más de un año realiza el expresidente de la República y líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, en busca de afiliados para la reinscripción, lo llevaron el lunes a la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil. En la noche los colaboradores que lo acompañaron repartieron volantes con los colores que identifican al partido, verde y rojo, y con el mensaje “Yo voto No”. No obstante, los estudiantes han convertido a la Universidad Estatal de Guayaquil en el escenario político más visible. En facultades como Jurisprudencia, Administración y Ciencias Médicas hay mensajes por el Sí y por el No, desde gigantografías, afiches y volantes. Ayer un grupo de universitarios elaboraba más carteles en contra de la consulta.

La tarde y noche de ayer el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó en privado el informe de la Dirección de Fiscalización y  Financiamiento Político sobre las organizaciones sociales y políticas que cumplen  los requisitos  para  participar en la campaña por la consulta popular.  Según el informe, 35 organizaciones sociales y 16 políticas no estarían calificadas para intervenir. Otras 16 organizaciones políticas y ocho sociales estarían capacitadas para participar ya que cumplieron con todos los requisitos. Además, cuatro organizaciones políticas y cuatro sociales podrían ser aprobadas luego de que subsanen observaciones de distinta índole. Se espera que el nuevo documento sea entregado hoy al Pleno para inmediatamente definir las  organizaciones que participarán  en la campaña. Se registraron 101 solicitudes en total y según estimaciones previas de la consejera Manuela Cobacango, estarían calificadas solo la mitad. Esto porque algunas organizaciones no poseen personería jurídica ni reconocimiento oficial. Fausto Camacho agregó que varias  no serían calificadas ya que no tienen una fuerte base social.

Tras la convocatoria oficial al referéndum y consulta popular el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició ayer el trámite de la pro forma presupuestaria para el proceso que se realizará el próximo 7 de mayo. El jueves pasado, el Ministerio de Finanzas transfirió $ 22 millones al CNE, un presupuesto inicial que mediante resolución solicitó al Gobierno la semana anterior, para arrancar con el plebiscito propuesto por el presidente Rafael Correa. Según la pro forma, elaborada por el departamento financiero del CNE, el presupuesto para el proceso electoral de mayo es de $ 23’977.991, sin contar con el monto que se destinará para las franjas publicitarias en los medios de comunicación.Entre los rubros más relevantes del presupuesto para el próximo proceso está el de Servicios Generales, que incluye los kits electorales, papeletas, transporte, difusión, capacitación, consultoría, asesoría, Juntas Receptoras del Voto, con un total de $ 7,4 millones.  Otro monto importante ($ 5,3 millones) se destinará para realizar transferencias corrientes al sector público, especialmente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y consulados. Dentro de la categoría de bienes de uso y consumo corriente, que corresponden a alimentos, bebidas, vestuario, prendas de protección, combustible, en la pro forma se contempló un monto de $ 1,6 millones. Mientras tanto, para promocionar el contenido de la consulta, a través de publicidad institucional del Consejo, se consideró $ 3,1 millones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió ayer las reglas sobre las cuales se desarrollará la campaña para la consulta popular. Por un lado se prohibió la publicidad de las instituciones del Estado referidas al plebiscito; solamente se podrán difundir los proyectos que estén en ejecución y cuya difusión sea necesaria. También se decidió abrir paso a que las organizaciones políticas y sociales que son reconocidas, con personería jurídica y en proceso de reinscripción, puedan registrar a su tesorero de campaña entre el 9 y 13 de marzo. Otra cosa que no se determina aún es el espacio que las organizaciones inscritas tendrán para publicitar su postura en los medios. Según Simon, eso se definirá luego del 13 de marzo y dependerá del número de organizaciones inscritas para dividir los recursos para el uso de las franjas. Hasta que la campaña se inicie, los medios de comunicación no podrán difundir publicidad referente a los temas de la consulta. El CNE autorizará los anuncios que pueden ser difundidos.

Desde el sábado, 17 puestos de información sobre los derechos laborales funcionan en Quito. Están ubicados en sitios estratégicos de la ciudad con niveles altos de tránsito peatonal, como la Naciones Unidas y la Amazonas.Se los identifica por una carpa blanca y la camiseta de los técnicos con el nombre de la campaña Trabajo digno en Ecuador. Este programa es impulsado por el Ministerio de Relaciones Laborales y arrancó este fin de semana con la instalación de las carpas en varias ciudades del país. También, fueron habilitadas en Guayaquil (17), Manta (10) y Cuenca (10). En estos lugares, tanto empleadores como empleados pueden obtener información sobre cuáles son sus deberes y obligaciones. Según Gabriela Alarcón, subsecretaria de Trabajo del Ministerio, el objetivo es disminuir la conflictividad laboral. Dice que esta es alta en el país, muchas veces porque la gente desconoce sobre sus obligaciones y deberes.Las carpas atenderán entre semana en horarios laborables y los fines de semana de 10:00 a 15:00. En ellas estarán personal del Ministerio de Relaciones Laborables y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ahí, explicarán a los interesados sobre qué es un salario básico; horas extras; decimotercera y decimocuarta remuneraciones; y los tipos de contratos vigentes.