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Aproximadamente unos 200 ex trabajadores de la Cervecería Nacional protestaron en el parque de El Arbolito exigiendo el pago de USD 90.9 millones por utilidades entre 1990 y 2005. Según Arturo Cervantes, procurador de este grupo, el monto a pagar incrementó a USD 182 millones, debido a que Cervecería Nacional no cumplió el plazo de pago, que venció el jueves, y eso obliga a que se doble el pago. Desde las 09:00 hasta las 10:30 protestaron y luego marcharon junto a miembros de la FEI a Carondelet en una marcha a favor del SI a la Consulta Popular.

El juez 12º de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, se abstuvo de dar más largas al litigio que mantiene Cervecería Nacional (CN) con extrabajadores y ordenó que la empresa pague los más de $ 90,9 millones que les adeuda por utilidades en un plazo de 48 horas. Hasta el pasado lunes, el juez no había ejecutado la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, que dispuso hace más de un mes que la compañía debía cancelar esos haberes. Incluso, ya había notificado a las partes para que la próxima semana acudan a una audiencia de conciliación y así solucionar la querella de forma pacífica. Sin embargo, ayer promulgó una resolución en la que ordena “que en el término de 48 horas Cervecería Nacional CN S.A. deposite en una cuenta del Banco Central del Ecuador, a órdenes del director regional del Trabajo, el monto ordenado por los jueces superiores”, entre otras disposiciones. La audiencia convocada por Iriarte generó malestar en las partes: del lado de los reclamantes se denunció que el juez recibía presiones y que por eso no quería ejecutar la sentencia de la Sala; y, del lado de la compañía, se calificó de ilegal a la nueva diligencia. Incluso, ayer, CN expresó a través de un boletín de prensa que solicitó al juez revocar su providencia porque la conciliación, además de ser inconstitucional, no cabía. El juez Iriarte notificó su última decisión del caso a las 13:12 de ayer.

La Corte Constitucional informó ayer que aún no recibe la acción extraordinaria de protección planteada por los representantes de la Cervecería Nacional, respecto del fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Este fallo obligaba a la empresa a cancelar los cerca de USD 91 millones por concepto de pago de utilidades a ex empleados desde hace varios años atrás. La Cervecería no acepta ese dictamen y ha señalado que su apelación ante la Corte Constitucional ha demorado varios días. Según la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la impugnación de las decisiones judiciales por vulneración del debido proceso u otros derechos constitucionales. Una vez que la causa llegue a la Corte, esta deberá pasar por la Sala de Admisión, la cual designará el juez ponente a través de sorteo. Este elaborará el proyecto de admisión de la demanda. Otro juez sustanciará la causa para que posteriormente el Pleno de la Corte la analice y luego emitirá su resolución de carácter definitiva.

Hasta ayer, de acuerdo con el fallo de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, Cervecería Nacional (CN) debía pagar USD 90,9 millones -por uti-lidades no canceladas- a ex trabajadores, pero no lo hizo. Carlos Andretta, abogado de CN, dijo que “la firma ha invocado su derecho a resistirse, según lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución”. Hasta el jueves pasado, las partes involucradas en el conflicto podían presentar pruebas que cambien la sentencia. Según el juez Robert Guevara, presidente de la TerceraSala, laCN no lo hizo. Ante la negativa de pago por parte de CN, el caso pasó a conocimiento del juez XII de lo Civil, Pedro Iriarte, para que ejecute el cobro, quien hasta las 16:50 de ayer no recibía los documentos.

Hasta hoy tiene plazo la Cervecería Nacional para pagar USD 90 929 135, que la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil le ordenó cancelar a los ex trabajadores la semana pasada, por concepto de utilidades entre 1990 y 2005. Esto respondieron luego de que el presidente de la Cervecería, Roberto Jarrín, y el abogado, Gonzalo Noboa Baquerizo, rechazaron la sentencia de la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil, el pasado jueves. Y dijeron que apelarán a nuevas instancias legales como la Corte Constitucional. Recordó que si la Cervecería no paga, el Estado tendrá que cumplir con el desembolso. Por ello, los demandantes creen que el Gobierno obligará a la empresa a cumplir con la sentencia, notificada el pasado miércoles. Según el juez Roberto Guevara, el fallo regresará a manos del magistrado, Pedro Iriarte, del Juzgado XII de lo Civil quien fijará un perito y este deberá establecer el monto de los intereses de las indemnizaciones no canceladas. Los representantes de la Cervecería Nacional indicaron las semana pasada que apelarán la sentencia mediante una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.

Desde las 08:30, una centena de ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN) esperaba la resolución de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. La mayoría aguardaba frente al edificio de la Corte de Justicia, en el centro de Guayaquil. Otro grupo deambulaba por el sexto piso de la edificación, donde se encuentran los despachos de los tres jueces de esa dependencia. Las horas pasaban y la incertidumbre era mayor entre los ex trabajadores. A las 15:30 el presidente de la sala, Roberto Guevara, dijo que ya había enviado la sentencia firmada. Rafael Oramas, asistente de la sala, recibió el documento tan esperado. “Se ordena que Cervecería Nacional o cualquiera de sus responsables pague y deposite la suma de USD 90 929 635, más los intereses de ley, en el plazo máximo de 48 horas” , leyó Ceballos ante la alegría de los ex trabajadores. El valor de los intereses lo fijará un perito designado por el Consejo de la Judicatura. La Defensoría del Pueblo controlará que se haga efectiva la resolución. CN deberá depositar el monto en el juzgado, para que el juez lo transfiera al Banco Central. Según Ceballos, “La multa, si la compañía no paga, será el duplo del valor”.