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El juez 12º de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, se abstuvo de dar más largas al litigio que mantiene Cervecería Nacional (CN) con extrabajadores y ordenó que la empresa pague los más de $ 90,9 millones que les adeuda por utilidades en un plazo de 48 horas. Hasta el pasado lunes, el juez no había ejecutado la sentencia de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, que dispuso hace más de un mes que la compañía debía cancelar esos haberes. Incluso, ya había notificado a las partes para que la próxima semana acudan a una audiencia de conciliación y así solucionar la querella de forma pacífica. Sin embargo, ayer promulgó una resolución en la que ordena “que en el término de 48 horas Cervecería Nacional CN S.A. deposite en una cuenta del Banco Central del Ecuador, a órdenes del director regional del Trabajo, el monto ordenado por los jueces superiores”, entre otras disposiciones. La audiencia convocada por Iriarte generó malestar en las partes: del lado de los reclamantes se denunció que el juez recibía presiones y que por eso no quería ejecutar la sentencia de la Sala; y, del lado de la compañía, se calificó de ilegal a la nueva diligencia. Incluso, ayer, CN expresó a través de un boletín de prensa que solicitó al juez revocar su providencia porque la conciliación, además de ser inconstitucional, no cabía. El juez Iriarte notificó su última decisión del caso a las 13:12 de ayer.

Desde las 08:30, una centena de ex trabajadores de Cervecería Nacional (CN) esperaba la resolución de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas. La mayoría aguardaba frente al edificio de la Corte de Justicia, en el centro de Guayaquil. Otro grupo deambulaba por el sexto piso de la edificación, donde se encuentran los despachos de los tres jueces de esa dependencia. Las horas pasaban y la incertidumbre era mayor entre los ex trabajadores. A las 15:30 el presidente de la sala, Roberto Guevara, dijo que ya había enviado la sentencia firmada. Rafael Oramas, asistente de la sala, recibió el documento tan esperado. “Se ordena que Cervecería Nacional o cualquiera de sus responsables pague y deposite la suma de USD 90 929 635, más los intereses de ley, en el plazo máximo de 48 horas” , leyó Ceballos ante la alegría de los ex trabajadores. El valor de los intereses lo fijará un perito designado por el Consejo de la Judicatura. La Defensoría del Pueblo controlará que se haga efectiva la resolución. CN deberá depositar el monto en el juzgado, para que el juez lo transfiera al Banco Central. Según Ceballos, “La multa, si la compañía no paga, será el duplo del valor”.