FAIL (the browser should render some flash content, not this).

You are currently browsing the FC Consultoría y Asesoría blog archives for the day miércoles, mayo 18th, 2011.

Calendario

mayo 2011
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Contador de Visitas


Archive for mayo 18th, 2011

Ley solidaria divide a financieras

18 mayo, 2011 @ 9:34
posted by Freddy

La red de cooperativas de ahorro y crédito se prepara para ampliar su oferta de productos y servicios con la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

Estas instituciones ya pueden hacer operaciones como emitir tarjetas de crédito o de débito, y obligaciones -títulos que se transan en el mercado de valores para captar financiamiento-, lo que es cuestionado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), pues considera que estas cooperativas, que actualmente no son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, asumirán funciones de la banca comercial.

La Asociación cree que se debe trabajar en un reglamento que garantice adecuados niveles de solvencia, rentabilidad y liquidez que hagan sostenibles las transacciones que realizarán estas entidades.

La ley crea a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, como organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención, control y liquidación de las actividades, lo que respaldaría los negocios de estas organizaciones. Además, ordena que toda emisión de obligaciones de las cooperativas o banca comunal, cuente con el respaldo de los activos y patrimonio de la sociedad.

La Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias Nacionales (Renafipse), que agrupa a trece organizaciones -de unas 50 cooperativas cada una en promedio-, reconoce que se beneficiaría con esta nueva norma, y estima que en un año estarán listos en infraestructura y tecnología, para proveer de estos productos a sus clientes.

 

El control del Gobierno para que todos afilien a sus trabajadores al IESS, se extiende a los empleadores pequeños, empresas unipersonales, microempresas, personas naturales, amas de casa y otros.

El objetivo es controlar que las empleadas domésticas, jardineros, auxiliares de servicios y demás trabajadores tengan seguridad social. La obligación que está vigente desde el 2008, con la nueva Constitución, tendrá más peso con el triunfo del Sí en la pregunta 10 de la consulta, que tipifica como delito penal la no afiliación al Seguro.

Según los técnicos del Ministerio de Relaciones Laborales, toda persona, natural o jurídica, que contrate un trabajador, para cualquier labor, tendrá que afiliarlo. Por ejemplo, si una familia contrata a una empleada doméstica o niñera, que trabaje tres horas diarias, aunque esta no cumpla las 40 horas semanales, tiene derecho a la afiliación porcentual en función de sus ingresos.

 

Pese a la campaña de incentivo al voto que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los medios de comunicación, el nivel de ausentismo en el país se mantiene: unos 2,9 millones de personas habilitadas para sufragar no acudieron a las urnas el sábado 7 de mayo.

El nivel de ausentismo en la consulta popular y referéndum se ubicó en alrededor del 25,45%. Los empadronados llegaban a 11’158.419.

El voto es obligatorio en Ecuador a partir de los 18 años y hasta los 65, y facultativo a los jóvenes de 16 y 17 años, policías, militares, presos sin sentencia y los ecuatorianos residentes en el extranjero. Así lo establece la Constitución.

Un único campamento albergará en Lorca a todos los damnificados por el terremoto de la semana pasada, la mayoría inmigrantes ecuatorianos que contarán con un sistema de comunicación con su país facilitado por el Gobierno de Quito.

Así lo expresó la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) en un comunicado en el que anuncia que a partir de hoy los damnificados de Ecuador tendrán a su disposición en el nuevo campamento un servicio de conversación escrita en tiempo real (chat) y de videoconferencia en internet.

La nota cita a la ministra de la Senami, Lorena Escudero, que llegó el pasado fin de semana a Lorca para ayudar a sus compatriotas y según la cual hay 1.250 familias ecuatorianas damnificadas, “lo que nos permite hablar de más de 3.500 personas”.

El Instituto Geofísico detectó ayer la presencia de nuevas fumarolas en el flanco occidental del volcán, a unos 1.000 m bajo la cumbre, sobre la cabecera de la Quebrada Achupashal. El coloso volvió a arrojar ceniza.

El Banco del Sur, que servirá para financiar proyectos de desarrollo regional, podría ser una realidad hasta fines de este año, explicó ayer Diego Borja, presidente del Banco Central del Ecuador, en el marco de la III Reunión de Bancos Centrales de la región, cuyo tema de debate fue ‘La regulación financiera macroprudencial’.

La reunión se dio dentro de las actividades para gestionar el avance de la Nueva Arquitectura Financiera, que busca implementar un Banco Regional, un sistema de compensación y un fondo de reservas. Aunque actualmente el sistema de compensación Sucre funciona para los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), pero no para toda la región. El Banco del Sur aún no funciona y no incluye al Caribe. El Fondo de Reservas está en proyecto.

Ayer, Borja explicó que la vigencia del banco depende de procesos políticos internos de cada país pues se espera la aprobación de los congresos de algunas naciones.

 

El pedido de los extrabajadores de Cervecería Nacional de que el presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, se excuse de conocer la acción extraordinaria de protección presentada esa empresa bajo el argumento de que ya conoció la causa, fue declarado improcedente.

Esto, según el informe que presentó ayer la Secretaría Técnica Jurisdiccional argumentando que es una facultad privativa de los jueces. Así lo informó la Dirección de Comunicación de la CC.

A pesar de que no se pudo acceder al documento, se informó que el argumento es que la facultad de excusarse es privativa de los jueces constitucionales.

Cinco funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), cuatro de la Regional Norte y uno de la Dirección Nacional, son sospechosos de haber manejado irregularmente información confidencial de la entidad y haberla filtrado a una empresa de asesoría tributaria privada.

El 10 de mayo pasado, tras haber recibido una denuncia, con la Policía Judicial se allanaron las oficinas de Smart Group, empresa con 29 empleados, en la cual se ha identificado a un exfuncionario del SRI.

Carlos Marx Carrasco, director de la entidad, explicó que ahí se encontró papelería de uso interno de su institución. La compañía también tenía acceso a información sobre ingresos y egresos de las empresas, la cual es restringida.

Los datos se filtraban a través de e-mails, a cuyos usuarios se pudo identificar.

Carrasco dijo que uno de los sospechosos ha renunciado y que se han abierto cuatro sumarios administrativos en contra de quienes aún laboran en la institución. El proceso legal lo lleva la Fiscalía y se presentará esta semana una demanda penal en contra de los empleados del SRI y los principales de la empresa asesora, por uso fraudulento de la información.

Carrasco dijo que se hacen controles frecuentes a los funcionarios del SRI.