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Australia realizó un aporte de 500.000 dólares a la iniciativa Yasuní-ITT, que pretende dejar bajo suelo amazónico de Ecuador el 20 % de las reservas petroleras del país, informó hoy el Gobierno ecuatoriano.

La Embajadora de Australia en Chile y concurrente en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, Virginia Greville, entregó la donación en un encuentro ayer en la Cancillería de Quito con la responsable del proyecto, Ivonne Baki.

Baki detalló que Australia se había comprometido el pasado 23 de septiembre a realizar la aportación.

Ecuador, a través de un fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quiere obtener 3.600 millones de dólares en doce años a cambio de no explotar la reserva Yasuní-ITT.

Baki indicó que Ecuador ha recaudado por el momento 70 millones de dólares, principalmente, por el canje de la deuda externa con Italia, por $ 48 millones, así como de aportaciones de Chile, Perú, Colombia, España, el Gobierno regional belga de Valonia, además de diversas organizaciones privadas o sociales, como el movimiento ecológico ruso «Terra Viva».

«La reunión con Australia fue muy positiva», dijo Baki, quien detalló que este país se comprometió a cooperar en temas de investigación científica en las estaciones científicas que mantienen la universidades San Francisco de Quito y Pontificia Universidad Católica de Ecuador en el Yasuní.

En diciembre próximo vence el plazo puesto por Ecuador para la recaudación de al menos 100 millones de dólares para mantener la iniciativa Yasuní-Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT).

Ese mes el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hará una evaluación del proyecto, que podría significar una ampliación del plazo en caso de que haya «compromisos» concretos, según ha adelantado el mismo gobernante.

Correa ha indicado al mismo tiempo que si su Gobierno no consigue la compensación internacional pondrá en marcha el Plan B, que es la explotación de la zona con el mínimo impacto ambiental posible.

Se calcula que el Yasuní-ITT tiene reservas por más de 800 millones de barriles de crudo, cuya combustión, si se explotaran, emitiría 410 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Empleadas domésticas de la región andina se reunieron hoy en Quito para aunar esfuerzos y conseguir la mejora de sus condiciones laborales, pues su trabajo es en muchos casos infravalorado, mal pagado y viola sus derechos humanos, según denunciaron.

Bajo el eslogan «Trabajo digno, vida digna», mujeres de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador participaron en la reunión para, entre otros objetivos, presionar a los Gobiernos nacionales para que ratifiquen el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en junio de 2011.

Dicho convenio establece, por primera vez en las historia, normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar.

«Las trabajadoras domésticas hemos vivido en la historia de forma discriminatoria, no formamos parte de las leyes. Las leyes nos citan de forma vacía y no hacen respetar ni garantizan nuestros derechos», dijo la secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), Marcelina Bautista.

Ella representa a esta asociación que agrupa a trece países de latinoamérica y empezó a ejercer de empleada doméstica a los 14 años de edad, labor que dejó tras 22 años de trabajo para ocupar su actual cargo.

Hasta su cambio de profesión, Bautista formaba parte del 14% de mujeres trabajadoras que son empleadas domésticas en América Latina, según datos de la OIT.

Bautista valoró positivamente el rumbo que ha tomado Latinoamérica con la «modificación de legislaciones» en países como Costa Rica o Uruguay, que permiten «reconocer» el trabajo doméstico.

Sin embargo, denunció que la «gran mayoría» de trabajadoras del hogar «no ganan el salario mínimo» acordado por los Estados, en un trabajo que «implica una gran responsabilidad», porque implica varias tareas como cuidar a enfermos.

«Algunas trabajadoras viven en un encierro total y apenas tienen oportunidades», denunció Bautista.

Jakelin Patrón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar Remuneradas de Ecuador (ATRH), donde según estadísticas un 9,6 % de las mujeres ocupadas trabajan de empleadas domésticas, opinó que es necesario «dar un nivel de estudios» a estas mujeres para que conozcan sus derechos.

En esta línea, destacó también que «es muy importante la afiliación de las compañeras» a la Seguridad Social y señaló que «muchos empleadores» ecuatorianos se niegan «rotundamente» a pagar el sueldo básico, obligatorio por ley desde 2010, de 264 dólares.

Patrón aseguró que en los últimos años, con el Gobierno de Rafael Correa, se han conseguido logros, pero «falta un gran seguimiento» en la aplicación de las normas.

Varias «compañeras me dicen que cuando vienen a inspeccionar (las autoridades) en las casas, el empleador les hace esconder o pasar por un familiar para no cumplir con este derecho», explicó.

Patrón también denunció las violaciones a los derechos humanos que padecen aún algunas trabajadoras domésticas en su país, en casos de «explotación infantil», cuando menores de edad son empleadas para estas labores, o casos de «violencia física, sexual o laboral» padecidos sobretodo por las «más jovencitas».

Maximina Salazar, vicepresidenta de ATRH de Ecuador, también valoró positivamente los «avances» conseguidos en los últimos años y resaltó la importancia de «ratificar el convenio» para evitar que la trabajadora del hogar viva «en un contexto de precariedad, invisibilización, desconocimiento y gran discriminación.»

Salazar empezó a trabajar a los 12 años y actualmente tiene 59 años. De sus inicios como empleada del hogar recordó largas horas de trabajo, almorzar «comida guardada» de varios días «por sus empleadores» y «dormir en lugares poco saludables», como bodegas llenas de humedad.

A pesar de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) da por hecho de que la reforma tributaria entrará a regir por el ministerio de la ley, el destino del proyecto acumuló ayer más incertidumbre ante las posturas del oficialismo y la oposición legislativa.

Miembros de la Comisión de lo Económico y Tributario, que por falta de quórum no pudo emitir el martes pasado un informe del proyecto para su debate en el pleno, salieron a dar sus versiones en la Asamblea.

El primero fue el presidente de la Comisión, Paco Velasco (AP), quien presentó un video del día en el que estaba convocada la sesión para la votación y en el que se ve ausentarse a su colega del Movimiento Popular Democrático, Ramiro Terán.

A renglón seguido, Terán, en otra rueda de prensa, aseguró que estuvo allí esperando la llegada de sus otros coidearios. “Él tenía el día miércoles, el día jueves para convocar a sesión”, alegó Terán, al referirse al hecho de que Velasco no volvió a convocar.

Patricio Quevedo, de Sociedad Patriótica –tras las declaraciones de Terán–, sostuvo que había un informe para archivar la propuesta gubernamental.

La oposición plantea hoy un cambio del orden del día para que el pleno revise el estado jurídico de la reforma que plantea nuevos tributos.

A decir de la legisladora Sylvia Kon (SP), la alternativa es que se realice el primer debate con el proyecto tal como llegó del Ejecutivo, luego de que se envíara a la Comisión de lo Económico y exista un segundo informe y se someta a votación.

Consultado sobre lo que va a pasar cuando se cumplan los 30 días de plazo para conocer el proyecto que llegó con el carácter de económico urgente, Velasco sostuvo que “entra por el ministerio de la ley, exactamente lo que dice la Constitución, así tiene que ocurrir”.

Mientras que el sector privado instó ayer a la Asamblea a que encuentre una solución para que se aborde la reforma. “El pleno debe ver qué solución le da a esta suerte de vacío legal, la ley debe ser debatida porque no puede ser que por (falta) de un informe de una comisión, resulta que la reforma entre por el ministerio de la ley”, dijo Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

De aprobarse el nuevo paquete de tributos a través del ministerio de la ley, como lo prevé el SRI, cerca de 20 observaciones y propuestas que había efectuado el CEE ante la Comisión de lo Económico quedarán sin considerarse.

El gremio, que aglutina a las principales cámaras, había planteado cambios en temas principales del proyecto, como el Impuesto a la Salida de Divisas que se elevará del 2% al 5%, el ICE a los cigarrillos, el impuesto a vehículos y a las botellas plásticas.

Aspiazu adelantó que preparan una carta para enviarla al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), con el fin de que se encuentre una salida y se aborde el proyecto. Y hoy los principales gremios expondrán en Guayaquil la necesidad de que las observaciones que presentaron sean consideradas e incorporadas.

Una de los tesis que más preocupan al sector privado es el incremento de 3 puntos porcentuales del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El CEE había propuesto no incrementar el ISD, exonerar de ese impuesto a todas las importaciones de materias primas y bienes de capital según la clasificación de uso o destino económico. Además pedía liberar de ese cobro a los pagos de interés y capital por créditos externos

Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, indicó que de elevarse el ISD la nueva tarifa tendrá efectos inflacionarios y no detendrá la salida de divisas como busca el Gobierno.

A criterio del dirigente industrial, el proyecto también tiene vacíos constitucionales en algunas transitorias.

Observaciones planteadas
Autos: A más de advertir que elevar el ISD en un 3% ocasionará un aumento en el precio de los autos, el Comité Empresarial indicó que el IVA e ICE para los vehículos híbridos contradice el principio ecológico de la reforma tributaria.

Plástico: El Comité Empresarial expuso la necesidad de un estudio técnico antes de fijar un impuesto a la industria plástica.

Fuente El Universo

La cementera suiza Holcim confirmó este viernes que es objeto de una investigación en Brasil sobre un supuesto acuerdo para fijar precios, una acusación que el grupo helvético desmiente.

Según la agencia suiza AWP, otras cinco cementeras -la portuguesa Cimpor y las brasileñas Votorantim Cimentos, Camargo Correa, Itabira Agro Industrial y Companhia de Cimentos Itambe- son también objeto de dicha investigación.

Holcim indicó en un comunicado que está «al tanto del informe publicado por la secretaría de la ley económica del ministerio de Justicia (SDE) sobre la investigación administrativa».

El grupo suizo dice que «no está de acuerdo con las conclusiones del informe» y «confirma, como ya lo indicó a la SDE en varias ocasiones, que no está implicado en ninguna actividad ilícita».

Holcim, que se defiende contra estas acusaciones, precisó que por el momento no se ha adoptado ninguna decisión ni se ha producido ningún fallo en este asunto, que debe ser sometido al Consejo Administrativo de la Defensa Económica (CADE).

Según la AWP, Brasil es el quinto productor mundial, detrás de China, India, Estados Unidos y Turquía.