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En la ciudad de París, del 8 al 12 de marzo de 2011, se realizará la Audiencia de fondo en el arbitraje internacional iniciado por la compañía Burlington en contra de la República del Ecuador el 21 de abril de 2008, con la presentación de la Solicitud de Arbitraje ante el CIADI,  a la que asistirá el Procurador General del Estado y el equipo de abogados de la defensa del Estado. La Procuraduría informó hoy que en dicha Audiencia se discutirán asuntos de trascendental importancia para el Estado ecuatoriano, como son la legitimidad de las medidas adoptadas para regular el sector hidrocarburífero. A partir del año 2005, con la escalada de los precios internacionales del barril de petróleo, el Estado ecuatoriano adoptó una serie de medidas para obtener una mayor participación en la renta petrolera, lo cual implicó modificaciones de leyes y por ende de los contratos  con las compañías Perenco y Burlington, que formaban parte del consorcio que tenía a su cargo la operación de los bloques 7 y 21 en la amazonía ecuatoriana. Ante el escenario de un precio de barril de petróleo en el mercado internacional muy superior al previsto en los contratos, el Estado ecuatoriano aprobó una ley (la Ley 42-2006) para obtener una mayor participación en los excedentes del precio del crudo. 

La defensa del Ecuador busca demostrar ante el Tribunal de Arbitraje que no existió expropiación alguna y que la ley 42 no produjo una afectación a la economía de los contratos. “Hoy, esta realidad es indiscutible, una vez que varias compañías del sector petrolero renegociaron sus contratos y han reconocido la legitimidad de la ley 42 y sus reglamentos”, señaló el comunicado.

Con la decisión del contralor General del Estado, Carlos Pólit, de disponer que un equipo de esa entidad ingrese  a la Corte Constitucional (CC) para abrir investigaciones  en contra de sus funcionarios, el caso de la Cervecería Nacional (CN) dio un giro. La presencia de la Contraloría en el caso de la CN se da luego de  la denuncia del asambleísta Galo Lara sobre  una presunta venta de fallos en la Corte Constitucional  a favor de la Cervecería. Lara solicitó la semana pasada  a la Fiscalía investigar la supuesta vinculación entre el pago de USD 500 000 a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón, y el fallo a favor de esta entidad sobre un conflicto laboral de la  Cervecería Nacional. Mientras tanto, CN negó cualquier pago a favor de un fallo. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN, calificó de “construcción atrevida” la solicitud de Lara. Explicó  que Alfredo Larrea no tiene vinculación con el caso. “Él es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en distintas áreas”.