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Hasta hoy tiene plazo la Cervecería Nacional para pagar USD 90 929 135, que la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil le ordenó cancelar a los ex trabajadores la semana pasada, por concepto de utilidades entre 1990 y 2005. Esto respondieron luego de que el presidente de la Cervecería, Roberto Jarrín, y el abogado, Gonzalo Noboa Baquerizo, rechazaron la sentencia de la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil, el pasado jueves. Y dijeron que apelarán a nuevas instancias legales como la Corte Constitucional. Recordó que si la Cervecería no paga, el Estado tendrá que cumplir con el desembolso. Por ello, los demandantes creen que el Gobierno obligará a la empresa a cumplir con la sentencia, notificada el pasado miércoles. Según el juez Roberto Guevara, el fallo regresará a manos del magistrado, Pedro Iriarte, del Juzgado XII de lo Civil quien fijará un perito y este deberá establecer el monto de los intereses de las indemnizaciones no canceladas. Los representantes de la Cervecería Nacional indicaron las semana pasada que apelarán la sentencia mediante una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.

El litigio judicial que mantiene la Cervecería Nacional con 1 200 ex trabajadores retornará a las cortes de Guayaquil para su resolución. Pese a que la Corte Constitucional tiene previsto dar a conocer hoy las directrices de a qué lugar se destinará el caso, se conoce que el expediente regresará a la Tercera Sala de la Corte de Guayaquil, para que revise el caso. Así, Roberto Guevara, Camil Intriago y Carlos Hoyos revisarán el proceso y tomarán una decisión. Aunque la maraña legal se aclara, los jueces han sentado antecedentes jurídicos delicados. Al haber emitido el fallo favorable, y luego haber dado marcha atrás, la credibilidad de la Corte Constitucional se resquebraja, según el constitucionalista Milton Castillo. “Desde el punto de vista jurídico, esa decisión ha impactado gravemente la institucionalidad. Si en el futuro vuelve a llegar a la Corte un tema similar, la Corte ya no podrá fallar contra los trabajadores, tengan o no tengan razón. Y eso preocupa, la desinstitucionalidad profunda de la Corte”.
Los ex trabajadores reclaman el pago de USD 90,9 millones por utilidades, un proceso que ya dura tres años y que ha tenido su punto más escandaloso con la denuncia del asambleísta Galo Lara realizada a inicios de este mes.

Para mañana quedó aplazada la comparecencia de Alfredo Larrea Jijón ante la Fiscalía. Ayer, el principal involucrado en el supuesto soborno que le habría hecho la Cervecería Nacional (CN) por USD 1,05 millones, para mover sus influencias ante la Corte Constitucional y obtener un fallo favorable, no se presentó a rendir su declaración. Según la denuncia del asambleísta Galo Lara, Larrea Jijón utilizó su parentesco (hermano) con el secretario de la Corte, Arturo Larrea Jijón, para favorecer a la compañía en una decisión por la demanda que ex trabajadores mantenían desde hace tres años. La denuncia de Lara desencadenó un escándalo que ahora tiene a los magistrados de la Corte contra las cuerdas, ya que las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría buscan encontrar posibles anomalías en el caso.
Al respecto, el juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri, pidió a seis vocales, incluidos el Presidente del organismo, Patricio Pazmiño, que “dejen el caso para que otros jueces lo manejen”. Asimismo, los ex empleados de la Cervecería, que demandan el pago de utilidades por USD 90 millones, presentaron por escrito un pedido para que la Corte dictamine la nulidad del proceso.

Con la decisión del contralor General del Estado, Carlos Pólit, de disponer que un equipo de esa entidad ingrese  a la Corte Constitucional (CC) para abrir investigaciones  en contra de sus funcionarios, el caso de la Cervecería Nacional (CN) dio un giro. La presencia de la Contraloría en el caso de la CN se da luego de  la denuncia del asambleísta Galo Lara sobre  una presunta venta de fallos en la Corte Constitucional  a favor de la Cervecería. Lara solicitó la semana pasada  a la Fiscalía investigar la supuesta vinculación entre el pago de USD 500 000 a Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea Jijón, y el fallo a favor de esta entidad sobre un conflicto laboral de la  Cervecería Nacional. Mientras tanto, CN negó cualquier pago a favor de un fallo. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN, calificó de “construcción atrevida” la solicitud de Lara. Explicó  que Alfredo Larrea no tiene vinculación con el caso. “Él es parte de uno de los bufetes de abogados que contratamos para darnos servicios en distintas áreas”.