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Una comisión de 30 trabajadores de la Cervecería Nacional (CN) fue recibida ayer en la Asamblea Nacional. Los empleados expresaron su oposición al fallo judicial en contra de la Cervecería, por el cual deberá pagar USD 90 millones a un grupo de ex trabajadores. Las legisladoras María Paula Romo y Marisol Peñafiel los recibieron en el salón del ex Senado de la Legislatura, ubicado en el primer piso del edificio. Por su parte, el vocero oficial de los empleados, Pedro Sotomayor, explicó a las asambleístas que la sanción impuesta por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayas contra la Cervecería violenta los derechos de quienes trabajan en esta empresa. Además, entregó varias cartas elaboradas por los empleados. “Nosotros solicitamos que se procese y garantice nuestro derecho constitucional al trabajo y la resistencia. Este fallo es inconstitucional. Es por esto que le entrego estos documentos en donde explicamos el porque de esta marcha”. Las protestas de los trabajadores continuarán. Esta queja será a la par de que la empresa arme su estrategia legal para frenar el fallo de la Tercera Sala de lo Penal.

La oposición quiere frenar la consulta popular del Ejecutivo. ¿Cómo? Cuestionando a los vocales de la Corte Constitucional, encargada de tramitar el plebiscito. Los opositores afirman que no les faltan razones para hacerlo: la decisión de suspender las revocatorias del mandato, el escándalo por la supuesta venta de sentencias a favor de Cervecería Nacional y la presunta solicitud de dinero a cambio de permitir el regreso al país de Abdalá Bucaram (entrevista) abren el debate. Ayer, esta polémica se trasladó al Pleno de la Asamblea Nacional. Entre acusaciones y defensas de los asambleístas de Alianza País y de la oposición analizaron las preguntas enviadas por el Gobierno para el plebiscito. Mientras los legisladores del bloque oficialista argumentaban que la consulta busca lograr la participación del pueblo en las decisiones del Estado, los de oposición cuestionaban la intención del Gobierno de “meter las manos en la Justicia”. Además, respaldaban el informe de la magistrada de la Corte Constitucional, Nina Pacari, quien desechó cuatro de las cinco preguntas del referéndum propuesto. Sin embargo, tanto Pacari como los legisladores están conscientes de que su propuesta podrá ser modificada en el Pleno de la Corte Constitucional, de mayoría del Ejecutivo, para dar paso a la intención del Gobiernouatro de las cinco preguntas del referéndum propuesto.