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Aproximadamente unos 200 ex trabajadores de la Cervecería Nacional protestaron en el parque de El Arbolito exigiendo el pago de USD 90.9 millones por utilidades entre 1990 y 2005. Según Arturo Cervantes, procurador de este grupo, el monto a pagar incrementó a USD 182 millones, debido a que Cervecería Nacional no cumplió el plazo de pago, que venció el jueves, y eso obliga a que se doble el pago. Desde las 09:00 hasta las 10:30 protestaron y luego marcharon junto a miembros de la FEI a Carondelet en una marcha a favor del SI a la Consulta Popular.

La Corte Constitucional informó ayer que aún no recibe la acción extraordinaria de protección planteada por los representantes de la Cervecería Nacional, respecto del fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Este fallo obligaba a la empresa a cancelar los cerca de USD 91 millones por concepto de pago de utilidades a ex empleados desde hace varios años atrás. La Cervecería no acepta ese dictamen y ha señalado que su apelación ante la Corte Constitucional ha demorado varios días. Según la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la impugnación de las decisiones judiciales por vulneración del debido proceso u otros derechos constitucionales. Una vez que la causa llegue a la Corte, esta deberá pasar por la Sala de Admisión, la cual designará el juez ponente a través de sorteo. Este elaborará el proyecto de admisión de la demanda. Otro juez sustanciará la causa para que posteriormente el Pleno de la Corte la analice y luego emitirá su resolución de carácter definitiva.

Una comisión de 30 trabajadores de la Cervecería Nacional (CN) fue recibida ayer en la Asamblea Nacional. Los empleados expresaron su oposición al fallo judicial en contra de la Cervecería, por el cual deberá pagar USD 90 millones a un grupo de ex trabajadores. Las legisladoras María Paula Romo y Marisol Peñafiel los recibieron en el salón del ex Senado de la Legislatura, ubicado en el primer piso del edificio. Por su parte, el vocero oficial de los empleados, Pedro Sotomayor, explicó a las asambleístas que la sanción impuesta por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayas contra la Cervecería violenta los derechos de quienes trabajan en esta empresa. Además, entregó varias cartas elaboradas por los empleados. “Nosotros solicitamos que se procese y garantice nuestro derecho constitucional al trabajo y la resistencia. Este fallo es inconstitucional. Es por esto que le entrego estos documentos en donde explicamos el porque de esta marcha”. Las protestas de los trabajadores continuarán. Esta queja será a la par de que la empresa arme su estrategia legal para frenar el fallo de la Tercera Sala de lo Penal.

El Pleno de la Corte Constitucional aclaró las dudas que tenía el Consejo Nacional Electoral sobre el futuro de los procesos de revocatorias de mandato. El organismo informó que la suspensión de las revocatorias no incluye a los procesos que fueron calificados por el Consejo Electoral hasta la semana pasada. Es decir, los referendos previstos para febrero y marzo próximos se cumplirán normalmente. Los procesos que sí serán afectados por la suspensión serán los que aún no son estudiados y aprobados por el Consejo Electoral. Uno de ellos es el proceso que impulsa Carlos Vera y que pretende terminar el mandato del presidente de la República, Rafael Correa.