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Empleados de la Cervecería Nacional protestaron en la Asamblea
Una comisión de 30 trabajadores de la Cervecería Nacional (CN) fue recibida ayer en la Asamblea Nacional. Los empleados expresaron su oposición al fallo judicial en contra de la Cervecería, por el cual deberá pagar USD 90 millones a un grupo de ex trabajadores. Las legisladoras María Paula Romo y Marisol Peñafiel los recibieron en el salón del ex Senado de la Legislatura, ubicado en el primer piso del edificio. Por su parte, el vocero oficial de los empleados, Pedro Sotomayor, explicó a las asambleístas que la sanción impuesta por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Guayas contra la Cervecería violenta los derechos de quienes trabajan en esta empresa. Además, entregó varias cartas elaboradas por los empleados. “Nosotros solicitamos que se procese y garantice nuestro derecho constitucional al trabajo y la resistencia. Este fallo es inconstitucional. Es por esto que le entrego estos documentos en donde explicamos el porque de esta marcha”. Las protestas de los trabajadores continuarán. Esta queja será a la par de que la empresa arme su estrategia legal para frenar el fallo de la Tercera Sala de lo Penal.
El litigio entre la Cervecería y los ex empleados regresa a Guayaquil
El litigio judicial que mantiene la Cervecería Nacional con 1 200 ex trabajadores retornará a las cortes de Guayaquil para su resolución. Pese a que la Corte Constitucional tiene previsto dar a conocer hoy las directrices de a qué lugar se destinará el caso, se conoce que el expediente regresará a la Tercera Sala de la Corte de Guayaquil, para que revise el caso. Así, Roberto Guevara, Camil Intriago y Carlos Hoyos revisarán el proceso y tomarán una decisión. Aunque la maraña legal se aclara, los jueces han sentado antecedentes jurídicos delicados. Al haber emitido el fallo favorable, y luego haber dado marcha atrás, la credibilidad de la Corte Constitucional se resquebraja, según el constitucionalista Milton Castillo. “Desde el punto de vista jurídico, esa decisión ha impactado gravemente la institucionalidad. Si en el futuro vuelve a llegar a la Corte un tema similar, la Corte ya no podrá fallar contra los trabajadores, tengan o no tengan razón. Y eso preocupa, la desinstitucionalidad profunda de la Corte”.
Los ex trabajadores reclaman el pago de USD 90,9 millones por utilidades, un proceso que ya dura tres años y que ha tenido su punto más escandaloso con la denuncia del asambleísta Galo Lara realizada a inicios de este mes.