Archive for septiembre 9th, 2011
Importaciones no petroleras de julio bajaron 11%
La disminución de compras al exterior de materias primas y bienes de capital en julio pasado, impulsaron la caída del 11% en las importaciones no petroleras, frente a junio.
Según el Banco Central, en julio se compraron $ 1.371,54 millones, mientras las importaciones de junio se ubicaron en 1.546,94 millones de dólares.
Estas cifras, según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, “da cierto respiro a la balanza comercial”, pues significa una mejora en la tendencia creciente del déficit no petrolero.
Sin embargo, dijo que la caída podría significar que los importadores aumentaron su stock de productos el mes anterior o que esperaron para realizar sus compras el mes siguiente.
Los sectores que registraron una baja en las importaciones de materia prima fueron el agrícola y el de la construcción con el 38,93% y el 29,40%, respectivamente.
En el caso de los bienes de capital, la reducción más significativa fue en el sector agrícola, con una caída del 20%.
Pese a las mejoras, la balanza total no petrolera de enero a julio tiene un déficit de 15,07% mayor al del mismo periodo del 2010, pasó de $ 3.783,49 millones a $ 4.353,49 millones.
La balanza comercial total, en cambio, presentó una mejora en julio. Registró un superávit de $ 6,47 millones, en cambio, durante el 2010 tuvo un déficit de $ 619,09 millones.
Frente a las mejoras que se presentaron en las cifras de la balanza de los últimos siete meses, Roberto Aspiazu, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) cuestiona el apuro con que se presentaron las disposiciones de licencias de importación a 51 subpartidas y los aranceles a las compras al extranjero de 18 subpartidas de CDK, emitidas por el Comité de Comercio Exterior.
Aspiazu mencionó que estas medidas se toman al mismo tiempo que se quiere retomar los diálogos comerciales con la Unión Europea lo que podría tener una repercusión negativa, pues las dos medidas pueden calificarse como “restricciones comerciales”.
Fuente: El Universo
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable implementará el «Plan de Reducción de Pérdidas», para contrarrestar los daños que se producen en los sistemas de distribución de energía eléctrica a nivel nacional.
Entre las principales acciones están: el análisis de reportes de los sistemas informáticos de facturación, instalación de medidores a clientes con consumo convenido, campañas informativas para mejorar la cultura de pago de la ciudadanía y reemplazo de redes clandestinas, entre otras.
A marzo de 2011, el país registró una pérdida de energía del 16%, con tendencia a la baja y se espera que en dos años se llegue al 11%.
La decisión se adoptó a través de la Subsecretaría de control de Gestión Sectorial, que busca mejorar los controles mediante técnicas para localizar los puntos críticos donde se generan los hurtos.
Fuente: El Expreso
El proyecto de Ley Antimonopolio considera como práctica abusiva de «poder de mercado» -entre 21 puntos- la emisión de las denominadas tarjetas de afiliación por parte de operadores económicos. La propuesta -según el numeral 16, del artículo 8 del proyecto que está en manos de la Asamblea- es cuestionada por especialistas laborales porque afectaría el cumplimiento del Código de Trabajo, que ordena a las compañías con más de diez trabajadores proporcionarles almacenes con artículos de primera necesidad.
«Las empresas cumplirán directamente esta obligación mediante el establecimiento de su comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o terceros», tipifica el código en su artículo 42, numeral 6.
Por lo que buena parte de los patronos optaron -por eficiencia y agilidad- contratar el servicio con terceros, en la mayoría de los casos los supermercados más grandes, entregando tarjetas de descuentos o afiliación a su nómina de trabajadores.
Por lo que, dice el experto Carlos Ferrín, «la eliminación de las tarjetas afectaría el cumplimiento de la mencionada obligación patronal».
Tito Palma, especialista en derecho laboral, dice que al eliminar las tarjetas de afiliación, se obligaría a que las empresas levanten sus propios comisariatos, lo que «distraería el giro natural de sus negocios o las ocupaciones principales de las empresas» obligadas a proveer, según el código, de artículos vitales a precio de costo.
Palma hace un recuento de por qué se estableció esta disposición legal. Sucedía que muchas empresas se encontraban en zonas alejadas a almacenes proveedores de productos, entonces hubo la necesidad de que los bienes vitales estén al alcance de las familias. Fue cuando se dispuso que las compañías, con al menos una decena de empleados, tengan acceso, de sus patronos, a un comisariato o almacén de víveres.
Pero ahora la realidad es más urbana. «El mercado en la actualidad es más directo y menos complicado que hace cincuenta años», sostiene Palma.
Sin embargo, en la sección tres de la propuesta que llegó al Congreso, el 29 de agosto de 2011, con la firma del presidente Rafael Correa, se señala que está prohibido el «abuso de poder» de las compañías y que las conductas consideradas así incluyen los descuentos efectuados con tarjetas.
«Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la venta de tarjetas de afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos que impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados descuentos», establece el proyecto, son una acción prohibida y considerada, entre otras 16, como conductas que «constituyen abuso de poder».
El abogado Efraín del Pozo dice que no debería prohibirse el uso de tarjetas porque parten de un acuerdo bilateral.
El proyecto también considera a la fijación de precios «predatorios, la venta condicionada y la venta atada, la discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de precios» entre el pliego catalogado como abusivo.
El abuso de un derecho de propiedad intelectual, los precios injustificados de reventa y las acciones que afecten el ingreso de un nuevo competidor, también estarán prohibidas.
Fuente: El Expreso
La resolución 1973 de la Junta Bancaria (JB), que obliga a la banca a deslindarse de las administradoras de fondos y fideicomisos, generó dos puntos de vistas: el de las bancarias y las no bancarias.
Para Pedro Vélez Margary, gerente general de la administradora de fondos y fideicomisos Zion -empresa que no es de propiedad de un banco-, la medida originará una redistribución del mercado. «Uno evidentemente va a buscar fortalecerse en ese segmento».
Por eso cuestiona las aseveraciones del presidente de las Administradoras de Fondos, Ramiro Viteri, de que 340.000 ahorristas serán afectados.
Según Vélez, es la banca la que tendrá que desinvertir del negocio y su exclusión no implicará la eliminación o riesgo del sistema, donde recurren personas que buscan depositar sus recursos para ahorrar a mediano y largo plazo.
Viteri, en cambio, insiste en que la desinversión de la banca afectará a más de 300.000 ahorristas de la Asociación de Administradoras, que agrupa a 10 de las 27 entidades que funcionan en el país. Según Viteri, estas 10 administradoras manejan el 90% de las actividades de fondos y fideicomisos del país. Las 17 restantes tienen solo el 10%, es decir, unos 40.000 ahorristas. De las 10 grandes, cinco están vinculadas con grupos financieros: Fondos Pichincha, Administradora BG, Interfondos, Bolivariano y Produfondos. Estas entidades manejan 502 millones de dólares; mientras las entidades independientes controlan un portafolio de 117 millones.
Vélez responde que los fondos son patrimonios autónomos, que no tienen nada que ver ni con la administradora de fondos ni con el banco. «Cuentan con su propia estructura y política de inversión -explica- pues el respaldo del fondo no es otra cosa que los títulos valores que están invertidos».
En la práctica los bancos tendrán dos opciones: vender las administradoras, lo que implicará un cambio de dueño y no una transición para el cliente, según Vélez. La segunda es que se inicie un proceso de liquidación con el que se pasará a devolver los recursos, siempre y cuando los clientes estén de acuerdo. De no ser así, podría darse una sustitución de la administradora.
Viteri, quien compareció ayer ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, insiste en que la actividad de las administradoras de fondos sí es financiera, y no debe desvincularse de la banca. «Preocupa lo que va a pasar con los partícipes –dice Viteri- es decir, con las personas que han confiado a las administradoras su dinero y no saben de qué forma van a quedar ahora».
Y la incertidumbre no es solo para los ahorristas de las administradoras de fondos, sino también para el sector productivo privado –agrega- donde están invertidos unos 500 millones de dólares.
Vélez admite que el cambio de dueño de las administradoras de fondos podría conllevar un riesgo, ante una posible mala gestión. Pero ese riesgo podría eliminarse con el riguroso control que ejerce la Ley de Mercado de Valores.
Fuente: El Expreso