FC Consultoría y Asesoría

Mediante la figura de alquiler y por un periodo de tres años, el Banco Central del Ecuador (BCE) ha decidido conceder la Feria de Durán a la Cámara de Turismo del Guayas, gremio que tramitaba la administración desde abril pasado.

Semanas atrás, el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) recomendó que se dé en arrendamiento el recinto ferial y no en comodato, como se manejó en la última década con la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Después de los tres años de plazo, el nuevo administrador de la feria podrá renovar cada año el arriendo. El recinto tiene 133.994 metros cuadrados, de los cuales 31.922,91 cuentan con construcciones.

Unas dos semanas llevaría realizar el trámite para que el usuario pueda adquirir una nueva refrigeradora que consume menor cantidad de energía (cerca de 330 kWh/año).

Este proceso, iniciado el pasado miércoles en Santo Domingo de los Tsáchilas, se desarrolla dentro del denominado Plan Renova, que busca sustituir 330.000 de esos electrodomésticos en cinco años.

El mecanismo de renovación consiste en seleccionar los usuarios que posean una refrigeradora ineficiente en uso, que hayan cumplido con los pagos puntuales durante los últimos 12 meses del año y que no superen el consumo de energía de 200 kWh/mes, explicó el ministerio de Electricidad.

La empresa eléctrica de la localidad seleccionará a los beneficiarios del programa y suscribirá un contrato, en el que consta un certificado que deberá ser canjeado por el artefacto en los Centros de Electrodomésticos Autorizados, quienes se encargarán del reemplazo.

Las refrigeradoras antiguas (de 10 o más años de vida) serán destinadas a un gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente, quien se encargará del manejo y disposición final del mismo.

Cada refrigeradora tiene un costo de $ 520,82. El Estado entregará un bono de $ 250 si el usuario tiene tarifa de la dignidad y $ 200 si no lo tiene, además de un crédito a 36 meses plazo con 5% de interés anual, que en el primer caso será de $ 232 y en el segundo de $ 282. A eso se debe añadir costos indirectos de $ 38.

“Ya se ha hecho el estudio, hemos analizado en las empresas eléctricas que los 200 kilovatios están muy adecuados, vamos a tener una demanda bastante interesante y estimamos llegar a cumplir los objetivos”, afirmó Diego Egas, subsecretario de Industrias

La ejecución de la inversión pública del Gobierno, empresas descentralizadas y autónomas fue del 41%: $ 2.471 millones en el primer semestre del 2011, anunció el secretario de Planificación (Senplades), René Ramírez. La cifra es positiva con relación al año anterior, durante ese periodo se había ejecutado el 27% del presupuesto.

Sin embargo, aún se mantiene por debajo del 50% que es la meta ideal para el primer trimestre. De todos modos, para Ramírez a este ritmo de inversión se lograría llegar a un 85% a finales de año.

El funcionario aseguró que la ejecución ha sido mayor por el Código de Planificación y Finanzas Públicas que ha destrabado los procesos que antes lo frenaban.

También mencionó que la inversión, incluyendo a Petroecuador y Petroamazonas, llegó a $ 3.354 millones.

Los sectores que mayor inversión recibieron fueron el social, al pasar de $ 314 millones en el 2010 a $ 499 millones en el 2011; el productivo, de $ 651 millones a $ 796 millones. El crecimiento más importante se registró en el Consejo de Sectores Estratégicos, de $ 162 millones a $ 588 millones.

El fidecomiso de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y Corporación Financiera Nacional (CFN) No Más Impunidad incautó anoche la empresa bananera Isbelni S.A., vinculada al exdiputado y expresidente del Congreso, Juan José Pons, por una presunta vinculación con el Grupo Aspiazu y la deuda de cerca de 40 millones de dólares que mantiene desde el 2003.

La incautación la realizó Pedro Delgado, presidente del Fidecomiso, quien señaló que la misma se realizó por la vinculación que había sido determinada en el 2003 por la AGD y que se investiga para conocer por qué no se tomó el control completo de todos sus bienes, sin continuar el proceso.

Asimismo Delgado, indicó que se desconoce la ubicación de Pons, pero la empresa es administrada por uno de sus hijos, quien tienen un plazo de 60 días para tratar de desvincular la empresa, en caso contrario se declarará la incautación y pasará al Estado para después iniciar su proceso de venta.

El alto costo del oro, el temor de la gente a ser asaltada y la caída de las ventas han provocado que en los últimos dos años cierren 40 de las 100 joyerías situadas en el centro de Guayaquil, según la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros.

En la lista de los establecimientos que han cerrado están las joyerías El Brillante, Marthita (de Vélez y Chile), El Dorado, Daniela Kronfle, Von Buchwald, entre otras, que luego de tratar de mantenerse en el negocio optaron por cerrar.

Colón Velasco, presidente de la Asociación de Joyeros, que agrupa a 150 socios, señaló que el negocio ha decaído en el 70% y que a la semana hay locales que realizan menos de diez ventas, las cuales no siempre son de prendas de mucho peso o valor.

La volatilidad del precio del oro ha incidido para que la elaboración de joyas sea menos rentable para algunos establecimientos. Hugo Castañeda, presidente de la Asociación de Joyeros del Ecuador, dijo que la constante alza del metal lo ha vuelto inalcanzable para muchos compradores y ello ha afectado la demanda.