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El caso Cervecería, otra vez a la Corte Constitucional
La Corte Constitucional informó ayer que aún no recibe la acción extraordinaria de protección planteada por los representantes de la Cervecería Nacional, respecto del fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas. Este fallo obligaba a la empresa a cancelar los cerca de USD 91 millones por concepto de pago de utilidades a ex empleados desde hace varios años atrás. La Cervecería no acepta ese dictamen y ha señalado que su apelación ante la Corte Constitucional ha demorado varios días. Según la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la impugnación de las decisiones judiciales por vulneración del debido proceso u otros derechos constitucionales. Una vez que la causa llegue a la Corte, esta deberá pasar por la Sala de Admisión, la cual designará el juez ponente a través de sorteo. Este elaborará el proyecto de admisión de la demanda. Otro juez sustanciará la causa para que posteriormente el Pleno de la Corte la analice y luego emitirá su resolución de carácter definitiva.
Vence el plazo de pago de la Cervecería a ex empleados
Hasta hoy tiene plazo la Cervecería Nacional para pagar USD 90 929 135, que la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil le ordenó cancelar a los ex trabajadores la semana pasada, por concepto de utilidades entre 1990 y 2005. Esto respondieron luego de que el presidente de la Cervecería, Roberto Jarrín, y el abogado, Gonzalo Noboa Baquerizo, rechazaron la sentencia de la III Sala de lo Penal de la Corte de Guayaquil, el pasado jueves. Y dijeron que apelarán a nuevas instancias legales como la Corte Constitucional. Recordó que si la Cervecería no paga, el Estado tendrá que cumplir con el desembolso. Por ello, los demandantes creen que el Gobierno obligará a la empresa a cumplir con la sentencia, notificada el pasado miércoles. Según el juez Roberto Guevara, el fallo regresará a manos del magistrado, Pedro Iriarte, del Juzgado XII de lo Civil quien fijará un perito y este deberá establecer el monto de los intereses de las indemnizaciones no canceladas. Los representantes de la Cervecería Nacional indicaron las semana pasada que apelarán la sentencia mediante una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.
Críticas a la Corte y marchas por la consulta.
En la Corte Constitucional hay tensión. La presión política por la consulta popular y el escándalo de supuestos sobornos de la Cervecería Nacional a los jueces abren fisuras entre sus miembros. Ayer, los jueces no se pronunciaron sobre el pedido que hiciera su colega Manuel Viteri. Él pidió a sus compañeros que firmaron la resolución sobre la Cervecería que suspendió las medidas cautelares en un juicio por impulsado por ex empleados, que se abstuvieran de participar en tomar una nueva decisión sobre ese cargo. La Corte está en una etapa decisiva de la aprobación de la consulta del Gobierno. Actualmente, sus nueve miembros están analizando los informes que presentaron Bhrunis y Pacari. Y no se descarta que presenten proyectos alternativos a los análisis que realizaron los dos magistrados. El reporte hecho por Pacari es el que más preocupa, pues traba la intención del Gobierno para decidir en un referendo la reestructuración judicial, colocar límites a las propiedades de dueños de bancos y medios de comunicación y cambiar las reglas sobre las medidas alternativas a la prisión.