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El Índice de Confianza Empresarial (ICE) Global, en julio de 2011, registró un incremento de 18,9 puntos con respecto al mes anterior, para ubicarse en 697.9 puntos, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE).

Las cuatro ramas de actividad económica analizadas contribuyeron a la mejor predisposición de los ejecutivos. El sector servicios tuvo un aporte del 38%, la industria, 32%; la construcción, el 16%; y el comercio, el 14% restante.

En julio, la demanda laboral en el sector de la construcción aumentó en 0,2% con respecto a marzo, por la mayor dinamia de esta área productiva. El estudio mensual indica que el volumen de construcción aumentó en 3,6% respecto al mes anterior. Los empresarios de este sector esperan que esta variable se incremente un 4,1% al finalizar el mes en curso. (LCC)

A través de su página en Internet, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció ayer que finalizaron los concursos de méritos y oposición para seleccionar a los miembros del Consejo de Educación Superior (CES), y el de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (Ceaaces).

La creación de estos organismos la estableció la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, vigente desde hace un año.

Por la naturaleza de sus funciones, tareas y atribuciones, reemplazan a los desaparecidos Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea).

Según el anuncio del CNE, mañana el pleno realizará la posesión y la entrega respectiva de las credenciales a los postulantes seleccionados para las dos nuevas entidades (ver nómina en el cuadro adjunto).

Solo uno de los nuevos integrantes del Consejo de Educación Superior es de Guayas. Ella es Cecilia Paredes, catedrática de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), quien se desempeñaba como presidenta del CES provisional.

También es la única académica de la Costa, frente a cuatro de la Sierra (dos de Pichincha, uno de Imbabura y otro de Cañar) y uno de Colombia.

El Ceaaces lo integrarán dos académicos de la Sierra (Pichincha y Loja) y uno de Brasil.

La Constitución vigente desde 2008 le fijó a este organismo un plazo de cinco años para evaluar y acreditar a todas las instituciones de educación superior del país, sus programas y carreras. Es decir, le quedan poco más de dos años para cumplir con esa tarea.

El proceso de selección

La Ley de Educación Superior, en su artículo 168, dispone que los seis académicos y un representante de las universidades que integrarán el CES y los tres miembros del Ceaaces serán seleccionados a través de concurso público de méritos y oposición, a cargo del Consejo Nacional Electoral.

Así, cumplidas las etapas de recalificación de las pruebas y ensayos, y notificados los resultados a los postulantes a los concursos públicos, el CNE aprobó el informe final de la Comisión Técnica Asesora encargada de la calificación y recalificación, tanto de méritos como de oposición, quedando designados los representantes a los Consejos de Educación.

La evaluación del puntaje total de los concursos fue sobre cincuenta (50) puntos: treinta y seis (36) puntos por la valoración de méritos, y catorce (14) puntos por la oposición.

Como se estipula en el reglamento de los concursos, para la selección de los seis (6) miembros se consideraron los criterios de áreas de conocimiento, equilibrio territorial y de género. El estudiante que formará parte del CES será aquel que obtuvo la más alta puntuación en el concurso.

Para el Ceaaces se seleccionó a los tres (3) académicos con las más altas puntuaciones respetando la equidad, alternancia y paridad de género.

Según el Consejo Nacional Electoral, el concurso contó con la participación y el acompañamiento de la Veeduría Ciudadana, «en forma individual y colectiva».

La ley más anunciada del régimen llegó a la Asamblea solo para ser devuelta al Ejecutivo en 18 horas. El proyecto de ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado no fue admitido ayer por el Consejo de Administración Legislativa para ser tratado como económico urgente.

Según Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, hay fragmentos inconstitucionales en el texto que deben ser corregidos para su tratamiento. Se califica al proyecto como ley especial, figura que no existe en la Constitución. Fausto Cobo, miembro del CAL y quien hizo notar esas inconstitucionalidades, dijo que otro error del proyecto es que no se contemplan soluciones temporales para el control del mercado hasta que se cree la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Esto debiera estar en una transitoria. El presidente estuvo de acuerdo con esa posibilidad.

La llamada ley Antimonopolio fue redactada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y contempla la regulación y sanción de operaciones económicas «desleales y concentradas». Para eso crea nuevos conceptos como mercado geográfico o producto relevante; es decir, artículos concentrados en un solo proveedor.

Lo que sí está claro en el proyecto de Senplades es la definición de poder de mercado que se traduce en la toma de decisiones de un operador económico sin tener en cuenta la postura de competidores, proveedores y clientes por ser el único oferente o demandante de un producto o servicio. Los detalles de esos conceptos no están descritos en el texto.

En resumen, el proyecto prevé normar las actividades económicas entre competidores. Un proyecto sin duda polémico, del cual este Diario hace una primera lectura:

Cinco propuestas para controlar el mercado

1. Los conceptos del proyecto de ley son subjetivos

El proyecto de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) dice que un operador económico abusa de su poder de mercado cuando sus acciones afectan la participación de otros competidores, si realiza ventas atadas o condicionadas, si fija condiciones para los distribuidores o no realiza estudios para la determinación de precios. En ninguna de las 21 «conductas que constituyen abuso de poder» se especifican marcos técnicos para la fijación de esos conceptos.

El artículo 10 describe las prácticas prohibidas por la ley. En resumen, serán sancionados todos los actos que atenten con el bienestar colectivo o individual. No se especifica qué tipo de prácticas pueden ser sancionadas.

La concentración económica también podrá ser regulada y sancionada según el criterio de la Superintendencia y de la Junta de Regulación -que tendrá representantes nombrados por el Ejecutivo-. La fusión entre empresas, la transferencia de los efectos de un comerciante, la adquisición de acciones de capital o títulos de valor que den poder de decisión en las operaciones de una empresa o la influencia sustancial, la vinculación por administración o cualquier acuerdo de transferencia fáctica o jurídica de los activos de un operador deberán ser notificadas a la Superintendencia de Control para su aprobación o negación.

2. Un ente todopoderoso

La ley Antimonopolio crea una Superintendencia para regular el mercado. La entidad tendrá dos segmentos de trabajo: la investigación y la sanción. El primero realizará estudios sobre la base de denuncias de clientes o por iniciativa propia. Las personas naturales o jurídicas y las empresas que entren en proceso de investigación, deberán entregar toda su información -desde libros de contabilidad hasta agendas personales de los funcionarios- a la Superintendencia, que también podrá hacer inspecciones en las instalaciones de una empresa sin notificación previa. En el caso de denuncias, la ‘Super’ tendrá 10 días para responder al denunciante.

Mientras se realiza la investigación, la entidad podrá ordenar medidas preventivas contra el investigado. Si existe desacato, la Superintendencia podrá ordenar clausuras hasta por 90 días. Y si se confirma el abuso de poder, la ley tiene 15 artículos de sanciones que puede ejecutar la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

3. No se concretan las sanciones

La Superintendencia tendrá la facultad de sancionar con medidas correctivas a los operadores económicos que incumplan alguna de las prohibiciones de la ley Antimonopolio. El texto de 65 páginas no detalla cuáles son esas medidas. Estarán en el Reglamento que emita el presidente de la República.

El texto dice que en caso de no acatar esas medidas correctivas, la Superintendencia de Control podrá aplicar embargos e incautaciones, iniciar acciones penales e incluso nombrar a un interventor en la empresa. Las características que tendrá la intervención también se detallarán en el Reglamento que debe emitir el Ejecutivo.

Las sanciones económicas dependerán del volumen del negocio y de la calificación que dé la Superintendencia a la infracción. Si no es posible definir el volumen del negocio, la ‘Super’ podrá imponer sanciones de más de 10 millones de dólares. Los criterios a utilizarse serán definidos -como la mayoría de disposiciones- en el Reglamento.

4. 2012: fin de los monopolios

Además de las sanciones, el ente regulador podrá aplicar multas coercitivas de hasta 200 Salarios Básicos Unificados diarios a los infractores que no cesen de las actividades consideradas como monopólicas. Lo recaudado será depositado en la cuenta Única del Tesoro Nacional.

Para evitar esta medida, los acusados deberán acercarse a la Superintendencia para firmar compromisos de cese de actividades. El superintendente revisará y aprobará esas solicitudes. En ese caso se detendrá cualquier investigación, pero si el compromiso no se cumple, se iniciarán acciones de coactiva sobre la empresa infractora.

En las disposiciones transitorias del documento se establece al 13 de julio de 2012 como fecha límite para que los operadores económicos cesen sus actividades monopólicas. Igual periodo se aplica para personas naturales o jurídicas que tengan participación en grupos económicos que puedan producir abusos de poder de mercado.

5. Más poder para el Ejecutivo

Además de la participación en la Junta de Regulación -que también se crea en la ley-, el Ejecutivo tiene un capítulo con las ayudas que puede aplicar. Desde el artículo 26, el proyecto dice que mediante Decreto Ejecutivo, el presidente podrá contravenir las aplicaciones de la ley e incluso podrá proteger a monopolios que actúen en «favor del bien público o que conserven el patrimonio». No hay definiciones concretas sobre esos conceptos.

Otra atribución del primer mandatario será la entrega de ayudas financieras a los consumidores y productores de áreas donde haya «desventajas económicas».

En esta parte tampoco se concreta el tipo de casos, solo se aclara que la ayuda provendrá de recursos del Estado y que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado realizará controles permanentes para verificar el uso de los fondos. Las ayudas del Ejecutivo deben ser notificadas a la ‘Super’ hasta 15 días después de entregadas.

La industria colateral a la bananera sufre por las pérdidas de la crisis global que provocó que las exportaciones de la fruta disminuyeran en más de un millón de cajas las últimas semanas.

La situación ha provocado un efecto agresivo en tres líneas productivas: la de cartón y plástico y la venta de fungicidas que, en el último mes, cayeron en un 30%. En la cartonera Procarsa S.A., por ejemplo, ya no se trabaja al mismo ritmo del año anterior, pues la baja demanda de cartones de los bananeros afectó el volumen de producción y descienda a 700 mil cajas por semana, del millón que fabricaban.

Esa situación se ha venido agravando en las últimas cuatro semanas, asegura Geovanny Coellar, presidente de la Asociación de Cartoneros del Ecuador, que agrupa a siete compañías del país. Estas empresas, explica, están forzadas a soportar el peso de la crisis, «debido a que el 70 por ciento de las 570 mil toneladas de papel que utilizan al año para la producción del cartón se destinan a la exportación del guineo», refiere.

Según las cifras de la Asociación de Exportadores de Banano (AEBE), Ecuador exportó la semana pasada cuatro millones de cajas, de los cinco millones en promedio, previo a la crisis que fue originada por la baja demanda de guineo, por parte de la Unión Europea que ha dejado de consumir el alimento por problemas económicos y por las altas temperaturas de esta temporada.

El efecto por la caída de los despachos también lo sienten los plastiqueros que han disminuido en una tercera parte la venta del insumo que sirve para la protección de la fruta que sale del país.

Cecilio Jalil, presidente de la Asociación de la Industria Bananera del Ecuador, sostiene que la repercusión llega a otras áreas. «También afecta a otros proveedores como el servicio naviero que ve disminuir su número de embarques, lo mismo pasa con el transporte y la venta de fungicidas», dice.

La iliquidez que existe en el campo, ha hecho que los agricultores restrinjan el uso de algunos insumos que destinan para la producción, entre ellos los fungicidas. «En lo que va del mes, hemos vendido un 30% menos que lo esperado y eso está pasando a nivel en general», dice Juan Sebastián Borja, gerente Agrícola de la División de Banano de Agripac, quien prevé que la facturación por este rubro baje a finales de agosto de 700 mil a $ 500 mil.

Pero la desesperación que empiezan a sentir los industriales, parte desde las pequeñas haciendas de las tres principales provincias bananeras del país. En Quevedo, Los Ríos, las pérdidas se cuentan por cada racimo que están dejando de vender.

Wilfrido Macías, presidente de la Asociación de productores de ese cantón, afirma que del millón de cajas que cosechan semanalmente en La Maná, Quevedo y Valencia, el 50% no logra ser vendido.

En El Oro, ocho millones de cajas de banano, equivalentes a 44 millones de dólares, dejaron de exportarse en diez semanas de crisis. Ese es el cálculo que estiman representantes del sector productor que aún están a la espera de que se cumpla el acuerdo ministerial 294 que declara en emergencia al sector durante cinco semanas y que autoriza la compra de los racimos que, por la crisis, no logran ser vendidos.

La euforia que productoras y estibadoras vivían todos los martes por el inicio de los embarques, dejó de percibirse desde hace unas semanas. Ayer, el panorama volvió a ser distinto.

Al pie de las empacadoras y vías aledañas, los racimos yacían amontonados o eran aprovechados por terceras personas, que en pequeñas camionetas y hasta triciclos transportaban la musácea hacia sus hogares o a granjas porcinas.

En Milagro, la situación es similar. En la hacienda Enmita del Rocío, los 60 trabajadores deben desechar alrededor de 1.000 racimos de la fruta por semana, y ya van por la cuarta. A la entrada de esa finca, que cuenta con 95,56 hectáreas de plantaciones, lucen arrimadas las pilas de racimos. Un 40% de la producción se perdió.